El 2017 no solo fue el tercer año de una lucha frontal contra la corrupción, sino también fue un periodo de profunda decepción para la ciudadanía, porque mucho de lo ocurrido desde el 2015 pareció no haber hecho mella en los sectores políticos y aun en aquellos obligados a plantear actitudes de menor tolerancia.

Uno de los momentos claves llegó cuando el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron, el 24 y el 25 de agosto, acusaciones de financiamiento electoral ilícito contra los secretarios generales de los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza, del desaparecido Líder y contra Jimmy Morales, de FCN-Nación, por no haber registrado ni reportado miles de quetzales en aportes de financistas.

Aunque estas acusaciones no constituían una gran sorpresa, sí estremecieron el panorama político porque Morales se convertía en el segundo mandatario en ser acusado por las dos entidades que han librado una decisiva lucha contra la impunidad en los últimos tres años, una batalla llena de obstáculos y retos, la mayoría surgidos desde las filas políticas.

El trámite de antejuicio contra el mandatario avanzó en la Corte Suprema de Justicia con cierta celeridad, e igual ocurrió con la Comisión Pesquisidora integrada por el Congreso, aunque las circunstancias habían variado y el pleno de diputados protegió mayoritariamente al mandatario, quienes tampoco pudieron descartar la investigación.

Esa componenda entre una bancada oficialista nutrida de tránsfugas y otros aliados interesados en obtener beneficios no solo protegió a Morales de la investigación judicial, sino que les dio alas a los diputados para dar un paso más osado: el fallido intento por aprobar una ley que modificaba el Código Penal y beneficiaba a miles de maleantes, y luego aprobaron una modificación para absolver a los secretarios de los partidos políticos de enfrentar cualquier cargo por financiamiento electoral ilícito.

Esas aberraciones parlamentarias despertaron de nuevo la ira ciudadana, que durante dos días protestó de manera firme alrededor del Congreso hasta lograr que los diputados dieran marcha atrás en los decretos proimpunidad y los derogaran, pero el deterioro en la imagen del Legislativo simplemente había descendido un escalón más, inercia sobre la cual ha continuado su marcha.

Sin embargo, el caso que abre la posibilidad de que las artimañas de la vieja política puedan tener un freno, es la solicitud de retirarle la inmunidad al alcalde Álvaro Arzú, a quien el MP y la Cicig señalaron también de haber financiado de manera ilícita su campaña electoral, pero sobre todo de haber beneficiado a Byron Lima Oliva, su exguardaespaldas, con recursos movidos a través de los ilegales fideicomisos.

Un caso que debe resolverse a favor de la justicia y podría ser crucial para lucha contra la corrupción y la impunidad, porque Arzú es una figura emblemática en el modelo imperante en Guatemala, en el cual el financiamiento electoral, o el tráfico de influencias y el uso de recursos públicos, marcan las acciones de quienes durante los últimos años han ocupado los más altos cargos de poder político.