Seguramente por las elecciones primarias del PAN, la resolución de la CC que deja vigente el Decreto 62-2002 que autoriza al Gobierno emitir bonos por US$ 700 millones, pasó casi desapercibida.

Esa noticia prácticamente quedó enterrada bajo el cúmulo de información relacionada a asuntos de un partido contrincante y no fue sino hasta ayer que los medios retomaron el asunto. Las primeras impugnaciones contra la ley que aprueba la colocación de bonos del Estado, no tuvieron éxito.

No porque jurídicamente estuvieran mal planteados, sino porque a los siete magistrados que votaron en contra de la suspensión provisional así les dio la gana o porque así los mandaron a votar.

Ese voto, sin embargo, era predecible por el compromiso y agradecimiento que esos magistrados guardan hacia el partido que ahí los puso. Recuérdese que uno de ellos, incluso, fue defensor de los ?dipucacos? eferregistas sindicados de haber alterado la ley de bebidas alcohólicas.

Por supuesto que los fallos de los tribunales se acatan y no se discuten; pero esto debe ser siempre y cuando sus resoluciones sean apegadas a Derecho, no a los designios del partido en el gobierno.

Esos siete magistrados de la CC parecen utilizar como fuente de derecho aquella expresión de Ríos Montt que se refiere al retorcimiento de la ley y, quizás por eso mismo y en un acto de reciprocidad, el general genocida salió en defensa oficiosa de esa Corte al lamentar las críticas en contra de la decisión de los magistrados que avalan la deuda en bonos.

Esa deuda, como bien se ha dicho, fomentará la corrupción y permitirá el lavado de dinero, entre otras cosas. Al presidente del Cedecon tampoco le sorprendió la resolución de la CC al comentar: ?No nos sorprende, porque esta CC ha dado muestras de su complacencia a los afanes políticos del régimen actual? (PL 15/11/02). De aquí entonces, que el FRG tiene por ahora cancha libre para hacer y deshacer con esos bonos; aunque los que los adquieran también corren el riesgo de perder su inversión si la ley impugnada fuera finalmente declarada inconstitucional.

PA JUN CHOLAJ CHIK. En su último boletín, el Colegio de Abogados emitió un pronunciamiento en contra del secuestro del licenciado Antonio Pop Caal y solicita al Ministro de Gobernación y al director de la PNC ?el cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a darle seguridad a la ciudadanía??.

Asimismo se solicita a MINUGUA ?su colaboración y verificación?. A esto habría que agregar una exigencia al MP para que también cumpla con su obligación. Por aparte, reitero las preguntas: ¿hasta cuándo las ONGs mayas se van a pronunciar? ¿Dónde quedan la solidaridad y la ?hermandad? que tanto pregonan?