Independientemente de lo que dice la ley, que se elige a un diputado por cada 80 mil habitantes y que el número total de integrantes del Congreso de la República debe estar de acuerdo con los datos estadísticos del último censo de población, es válido preguntarse si vale la pena tener tantos ?dignatarios? cuando éstos, en lugar de representar los intereses del pueblo, representan los intereses de su partido o los de su caudillo.

Como consecuencia de esto, se dice que en Guatemala en lugar de partidos políticos lo que existe son ?partidas de políticos?. Llega un grupo y cual asaltantes del poder hacen y deshacen para beneficio personal y partidario. A estas alturas ya no se puede asegurar quienes son peores, los depurados o la banda del General.

Con el nuevo, censo cuyos resultados son previsibles, el presidente del Congreso ha justificado el aumento de diputados. De 113 puede subirse a 173. Como quien dice nada, habría 60 diputados más. El General golpista, además, habla de que sería antidemocrático evitar el aumento de diputados porque así lo establece la ley.

Aquí sí invoca la ley, pero cuando no le conviene ordena a sus peones cambiarla o ?retorcerla?. Si con tanto inútil que no pasa de la calidad de bulto que levanta la mano, con 60 más sólo se aumentaría la indolencia de quienes se conforman con ser borregos políticos o diputados de engorde.

Por supuesto que la ley habla de un mayor número de diputados conforme la población aumenta, pero esa ley no es parte de los 10 mandamientos y puede modificarse. Si los actuales diputados tuvieran un poco de vergüenza, en lugar de estar viendo cómo se aumenta el número de sus correligionarios debían promover un cambio de ley de manera tal que el Congreso no sobrepasara de 60 u 80 diputados. No es bulto lo que se necesita, es calidad.

En lo que sí tiene razón el señor de las contradicciones, y en sus propias palabras, es que en el Congreso ?lo que se desearía es que haya un grupo de abogados haciendo leyes? (Siglo Veintiuno 4/12/02). Y él es un buen ejemplo de esa falta de idoneidad. Ríos Montt ni siquiera es güizache, como Arístides Crespo, que en algún momento de su vida se inscribió en una escuela de derecho.

Otros diputados seguramente conocen la Constitución porque han visto la portada. Por esta deficiencia jurídica es que las leyes que emite el actual Congreso son constantemente atacadas de ilegalidades. Si Ríos Montt tuviera un poco de patriotismo, ordenaría a sus súbditos a cambiar la ley y reducir el número de inútiles que por ahí pululan y que constituyen una carga económica para el país.