Un TSE valiente
El tema es absolutamente legítimo, pues es una violación de la ley y un abuso que candidatos inicien campaña anticipada y además violentan el principio de igualdad que todas y todos los guatemaltecos deben tener para proponerse como candidatos. Solo quien tiene cuantiosas sumas de dinero puede soportar el gasto, y el dinero se vuelve el factor más importante en las posibilidades de un candidato.
Esta mala práctica ha hecho que Guatemala tenga las elecciones más caras de América Latina. Según la Ley Electoral y de Partidos Políticos y Acción Ciudadana, el voto sale costando 10.11 dólares, mientras que en Argentina sale en 0.046 dólares.
Además de ser una práctica desleal en el proceso electoral, constituye un riesgo serio para la democracia. Es muy fácil para quienes tienen dinero ilícito, o quienes están financiados por el crimen organizado, contar con los fondos para prolongar una campaña electoral en el tiempo o pagar simplemente las multas.
Este es el momento en que toda la sociedad, en defensa de la democracia, debe apoyar esta determinación del TSE.
Adicionalmente, deseo plantear una propuesta que hizo al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y es que, en aras de la transparencia del proceso electoral, todos los candidatos, partidos y organizaciones políticas deben entregar un informe periódico —mensual— a la autoridad electoral, en el que detallen los fondos recibidos y su procedencia. Esta información que llega a la autoridad electoral podrá hacerse pública, la población tiene derecho a saber quiénes financian a sus candidatos.
Algunas donaciones pueden ser en especie, equipo, papel, vehículos, etc. que también deben contabilizarse, incluyendo el tiempo al aire de radio o TV; debe identificarse también el medio y, con el criterio de transparencia y para información del público, la autoridad electoral deberá recibir la identificación de los propietarios de los medios de comunicación que apoyen campañas electorales o vendan espacio para las mismas. Esto le dará al público el derecho de conocer los intereses económicos y políticos que existen, así como la línea editorial que siguen.