Una protesta frente a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala derivó ayer en un nuevo fiasco, cuando un grupo de campesinos traídos de Jutiapa reclamó el engaño de que fueron víctimas, porque les habían ofrecido transportarlos hacia un punto de la capital donde supuestamente les darían una oportunidad de trabajo. Al comprobar la falsedad de la promesa de inmediato abordaron de nuevo los autobuses y exigieron el retorno a sus lugares de origen, aclarando que no protestaban contra esa entidad ni contra el Gobierno.

Este hecho ya no es aislado de lo que ha venido ocurriendo en el país en las últimas semanas, porque claramente se perciben señales de desesperación del aparato oficial. También debe reconocerse que la crisis ha causado enorme daño a la institucionalidad y de manera especial erosiona la imagen del sistema de justicia, que no logra recuperar la compostura para actuar con dignidad.

Las últimas resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad contribuyen a fortalecer esa percepción, porque en un primer acto los magistrados que buscaron lucir el voto unánime como fortaleza terminaron por ceder a las presiones. Si su primera resolución no dejaba dudas de lo que debía hacerse y, en consecuencia, era innecesaria la ampliación o aclaración, como asegura uno de los votantes disidentes, no se hubiera dado el voto dividido al llegar el momento de aclararle al Gobierno que era errónea su interpretación.

Si fuera cierto también que el fallo no era claro, tampoco deberían haberse demorado injustificadamente para razonar su voto, el cual debió quedar asentado la misma noche en la que anunciaron su desacuerdo con una aclaración contundente, que dejó sin lugar a duda cómo debían proceder las autoridades respecto de la Cicig y su comisionado.

Hasta ahora muchas resoluciones de la CC semejan una montaña rusa, en la que los altibajos en los fallos reflejan la modalidad en el ejercicio del poder, lo que al final crea una preocupante falta de independencia, pues el actuar de los más altos jueces del país da síntomas de someterse a caprichos politiqueros.

Pocos magistrados han asumido sus cargos con gallardía, pues desde todas las instancias que participan en la designación de los integrantes del máximo órgano constitucional del país empieza el tráfico de influencias y los esfuerzos por inutilizar cualquier posibilidad de proceder independiente, lo que explica el penoso sometimiento de algunos integrantes de dicha corte.

Existen funcionarios y dignatarios que están plenamente extraviados, como también ocurre con la Procuraduría General de la Nación, cuyo titular, según sus declaraciones, deja entrever la confusión que domina sus actos, pues parece olvidar que es un representante al servicio del Estado y no de funcionarios específicos.

El sistema llegó a su máximo nivel de incompetencia y donde menos debería ocurrir esto es en la CC, por ser el máximo árbitro de nuestras acciones en el terreno constitucional, pero también porque, como ocurre ahora, se puede terminar favoreciendo a personas con claros conflictos de interés.