Tres casos distintos ocurridos ayer despiertan el interés ciudadano en todo lo relacionado con la actual lucha anticorrupción. Los diputados Julio López Villatoro, de la UNE, y Selvin García, de Creo, renunciaron a sus curules para ser investigados; Luis Rabbé, Arístides Crespo y los otros directivos del 2015 se mantuvieron desaparecidos, mientras el excandidato vicepresidencial Édgar Barquín admitió su culpabilidad con el fin de obtener una sentencia de dos años de prisión conmutables.

La acusación a los diputados se relaciona con las numerosas plazas fantasma en el Congreso, por lo cual está también en prisión otro expresidente de ese organismo, Pedro Muadi. La novedad mayor del día fue la acción tomada por Barquín, y el asunto despierta sospecha porque un fallo que le sea favorable al sindicado en poco estaría contribuyendo a la impartición de justicia.

En el caso de los diputados renunciantes, la justicia tiene posibilidades de funcionar adecuadamente, lo mismo que ocurriría si los otros excongresistas son alcanzados de lleno luego de los señalamientos del Ministerio Público y de la Cicig. Pero la posible mínima sentencia sería, en la práctica, un golpe artero en contra de la credibilidad de la actual cruzada contra la corrupción, que se encuentra en pleno apogeo en el país.

Si el resto de aquellos exfuncionarios clave del gobierno anterior, acusados por las dos instituciones antes indicadas, se enteran de la posibilidad de quedar libres gracias a sentencias cortas y conmutables, indudablemente se acogerán a esta posibilidad y con ello se aplicará la ley pero no se obtendrá justicia. Sería una pésima señal para quienes creen en la reactivación de la justicia en Guatemala, a la vez de ser un tenebroso mensaje para quienes argumentan sobre la fragilidad de los casos divulgados por la Cicig y el MP en esta lucha contra los corruptos.

El caso de Édgar Barquín es uno de los mayores referentes para el sistema de justicia, quizá el de mayor trascendencia en lo político. Fue revelado durante la campaña presidencial anterior y a partir de las evidencias era de esperarse una sentencia mayor y severa. El peor efecto de este hecho aún no se ve. Si al MP y la Cicig las evidencias solo les alcanzan para construir una acusación más bien discreta y casi opaca, el desencanto sale a flor de piel.

Uno de los elementos principales para tomar en cuenta es que las equivocaciones pudieron haber sido efecto de errores en la etapa inicial, así como de que algo falló, pues las expectativas son mayores a lo hasta ahora logrado. Vale preguntarse entonces cuál era el asidero del que se pretendía amarrar la Fiscalía para ir mucho más adelante y castigar a un funcionario infidente y desleal al Estado.

La pérdida de confianza derivada de este caso puede ser catastrófica. Llega en un momento complicado para la justicia, pues los entes investigadores manejan temas complejos de usufructos, redes del crimen organizado a cualquier escala, criminalidad a cual más diversa y, sin duda, corrupción. Si no se logra el castigo, la impunidad se expandirá y surgirán exfuncionarios dándose golpes en el pecho para eludir su responsabilidad y pronto quedar como ciudadanos ejemplares.