Existe mucho sesgo en la información relacionada con los casos judiciales. Quizás se deba a la falta de preparación en la materia por parte de los informadores. Las notas sobre pendencias en los tribunales ameritan cuidado especial.

El desarrollo de los procesos contiene una función estatal fundamental: el ejercicio jurisdiccional; es decir, conseguir una declaración de autoridad productora de un fallo o sentencia. No se averigua la verdad, sino se elabora de una decisión formal, para adjudicar responsabilidades con medios de prueba limitados.

Carl Joachim Friedrich (1901-1984) refirió la paradoja de los juicios. En cuanto más cerca se encuentra, menos conocimiento del derecho existe; en cambio, al alejarse en el tiempo, se consigue establecer de mejor manera el mismo. La convicción de la judicatura está limitada por la presión de producir un resultado, lo más inmediato posible. Así, no se excusa la pasión periodística por tomar partido, pues se conocen las carencias en los juzgadores.

La independencia, un valor entre los comunicadores sociales, adquiere mayor dimensión cuando se destaca la necesidad de la imparcialidad. En toda litis existen cuatro autores: el productor de la sentencia, las dos partes en disputa y el público. Para dar cuenta de lo que sucede, los reporteros debieran establecer las posiciones de todos.

En la presente actividad judicial, cargada de implicaciones políticas, se ha olvidado muchas veces ese deber. Una limitación es el espacio dedicado a informar. Es imposible, en una columna de una por dos pulgadas, dar las bases, actores y última disposición del caso Bitkov, como sucedió en reciente edición de este diario.

No obstante, produce estupefacción observar que un periódico dedica dos páginas a dicho caso, sin mencionar a los magistrados y a una de las partes. Recoge la opinión de juristas favorables a la jueza que hizo un berrinche para evitar cumplir con la orden de un tribunal de amparo. Amplifica los criterios de la persecución penal y la jueza que son contestes. Pero deja de lado a la otra parte y, lo peor, a los miembros del tribunal que decidió. No ofrece una noticia, sino una opinión disfrazada de objetividad.

La jueza Erica Lorena Aifán Dávila ha recibido apoyo del comentarista Coronel Mario Mérida, un campo pagado del Movimiento de Liberación Nacional acuerpado por la Comisión Internacional de Juristas, como en los mejores tiempos de la Guerra Fría, cuando esta entidad criticaba al derecho del bloque soviético; concurrió también el PDH. ¿Por qué concita sustentáculos tan disímiles?

Estuardo Castellanos Venegas, magistrado de la Corte de Apelaciones, tuvo que recurrir al comunicador en internet Rodrigo Polo para dar a conocer una declaración sobre el caso de marras. Afirma haber solicitado la inclusión de su punto de vista a los medios de comunicación formales del país y haber sido preterido su pedido.

El canal de internet de este personaje se convierte en un recurso alternativo, requerido por otras personalidades como la exfiscal Heidi de León, para hacer una denuncia sobre la extensión de DPI y pasaportes a ciudadanos afganos y de otros países musulmanes. En los medios de comunicación no ha tenido cobertura suficiente esa imputación y en apariencia se busca proteger a una de las autoras, alta exfuncionaria del Ministerio Público. Con la clara intención de no empañar la gestión de una destapada candidata a la presidencia de la república.

Se sufre débil ecuanimidad en la comunicación social. La suspicacia lleva a decir como Hamlet: algo huele a podrido en Dinamarca.

http://registroakasico.wordpress.com