Se estrecha el cerco sobre los sátrapas nicaragüenses. El Congreso de Estados Unidos aprobó el martes la ley conocida como NICA Act (Ley de Inversión y Condicionalidad de Nicaragua), que busca limitar el acceso de ese país al financiamiento de organismos internacionales. Tal normativa ya había sido aprobada por el Senado y el presidente Trump debe firmarla en los próximos diez días.

Una generalizada protesta, dentro y fuera de Nicaragua, también causó que el sector empresarial de ese país, aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), finalmente se pronunciara contra la tiranía y demandara elecciones libres adelantadas. Los empresarios consideran que esta es la única vía para superar la crisis sociopolítica, que ha dejado alrededor de 500 muertos y amenaza con desembocar en una debacle económica de imprevisibles consecuencias, con posibles serias repercusiones en la región.

La dedicatoria de ambas cámaras del Congreso estadounidense contra los tiranuelos nicaragüenses difícilmente tendrá tropiezos en la Casa Blanca, pues hace pocos días el presidente Trump firmó un decreto contra la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y prohibió a cualquier estadounidense establecer negocios con ella.

Estas acciones deberían marcar el principio del fin del régimen ortega-murillista, cuya obcecación ha provocado una de las peores tragedias de Centroamérica en años recientes, pues se cuentan por centenares las víctimas mortales, en cientos de miles los damnificados y exiliados en varios países, por lo que la ofensiva estadounidense busca responsabilizar a los gobernantes de esos hechos.

Ortega y su esposa cogobernante se resistieron a corregir el rumbo de su autoritario gobierno, convirtiéndolo en el más represivo de la región y cuyos abusos solo se comparan con lo ocurrido en la última década en Venezuela y con atropellos similares cometidos tras la fraudulenta reelección del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Aunque tardío, es de reconocer el llamado de los empresarios nicaragüenses para adelantar las elecciones, una exigencia que nunca debió cesar ante la creciente represión de un régimen que se sostiene gracias al respaldo de paramilitares y del Ejército, el cual también podría verse afectado si las sanciones estadounidenses lo alcanzan, pues millonarios recursos castrenses destinados al retiro de oficiales están invertidos en distintas compañías de la bolsa de valores de Estados Unidos.

Parece obvio que los días de esta pareja tirana están contados, pero estas nuevas sanciones implementadas por el Congreso y la Casa Blanca pueden también tener repercusiones indeseables en muchos otros sectores, pues las fórmulas indiscriminadas de quemar el bosque para matar al tigre pueden causar un daño irreparable no solo a los gobernantes, sino a otros sectores e incluso a las economías centroamericanas.

Lo cierto es que, como dijo la congresista republicana Iliana Ros-Lehtinen, impulsora de esta ley, se busca dar respuesta al clamor del pueblo nicaragüense y también que ninguna nación sea cómplice de los tiranuelos en subsidiarlos en sus prácticas represivas.