Cuando llegué a una Guatemala con 5 millones de habitantes, hace poco más de 44 años, encontré al país en medio de una de las guerras internas más cruentas de América Latina. Una cadena de regímenes dictatoriales, un absoluto desprecio por los derechos humanos —esas “malas palabras”— y una población silenciada por el miedo y la represión. Medio ingenua como era, viniendo de un país en donde la política se practicaba libremente desde los años de colegio, me resultaba extremadamente difícil asimilar esa nube gris que se cernía sobre cada comentario, cada palabra dicha al pasar, hasta que me fui acostumbrando a las frases a medias, los silencios cargados de significado y la impotencia de quienes aspiraban a construir una nación libre e independiente.

Con el transcurrir de los años y ya inmersa en la realidad centroamericana, pude constatar la increíble resistencia psicológica de la población guatemalteca, quien no obstante los obstáculos opuestos a su normal desarrollo continuaba en una lucha decidida en pos de la consolidación de su débil sistema democrático y el respeto por los derechos humanos. Esta determinación ciudadana, sin embargo, durante décadas ha chocado de frente con las sólidas estructuras de corrupción e impunidad heredadas de los gobiernos castrenses y sostenidas al amparo de regímenes supuestamente democráticos, cuyos líderes han permitido y aprovechado las circunstancias para perpetrar toda clase de abusos.

En este escenario resulta verdaderamente impresionante la valentía de personas como la madre y las hermanas de Marco Antonio Molina Theissen, quienes a pesar de los años transcurridos desde la desaparición forzada de su hijo y hermano, a la edad de 14 años, han llevado ante la justicia a 5 militares de alto rango, quienes por primera vez enfrentan la perspectiva de pasar en prisión el resto de su vida. Ellos son Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas, Francisco Luis Gordillo, Edeliberto Letona Linares y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas. Estos militares son acusados por la desaparición forzada de Marco Antonio y el secuestro, violación y tortura de su hermana Emma.

Este caso se suma a otro de inmensa relevancia, como el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Mont —fallecido recientemente— y José Mauricio Rodríguez Sánchez por las masacres en contra de la población ixil. Este último juicio, con una histórica sentencia por genocidio dictada y luego suspendida por la Corte de Constitucionalidad, representa uno de los hitos más significativos en la búsqueda de justicia para miles de guatemaltecos víctimas de la represión y el exterminio durante los 36 años que duró el conflicto armado interno.

Al ampliar la perspectiva y echar una mirada a los otros dos organismos del Estado, llama la atención de inmediato la evidente carencia de compromiso de las máximas autoridades por realizar un esfuerzo para garantizar la transparencia en la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público. De hecho, se hace obvio el interés por protegerse ante la posible eventualidad de que a esa dependencia llegue un profesional íntegro y, por lo tanto, decidido a mantener la línea que hasta ahora ha llevado esa importante dependencia.

Depende ahora de una ciudadanía informada y activa ejercer la fiscalización indispensable para lograr la consolidación del sistema de justicia en un marco de ética y transparencia, derribar los obstáculos opuestos al avance de la democracia e impedir el avance de fuerzas antagónicas a la instauración de un verdadero estado de Derecho. Nadie más podrá lograrlo.

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