Todavía resuenan los ecos de los últimos y polémicos fallos judiciales y no dejan de conocerse escabrosos detalles de cómo, a la sombra del poder y con la manipulación y el sometimiento de otros dignatarios, se puede incluso llevar a la cárcel a inocentes, en un claro y preocupante deterioro de la institucionalidad, a merced de mentes perversas.

Ayer, el juez Walter Villatoro, por solicitud del Ministerio Público, cerró la persecución penal contra seis personas, quienes en el 2015 fueron víctimas de un proceso amañado, cuyo único objetivo era hacerlas responsables, supuestamente como integrantes de la banda los Pelones, de la muerte de José Alberto Melgar Moreno, padre del general Érick Fernando Melgar Padilla y del diputado Herber Armando Melgar Padilla.

Se trata de un crimen cuyos orígenes llegan a disputas familiares por una herencia, pero que a raíz de investigaciones independientes empezó muy pronto a estremecer al mundo político, como ocurrió con uno de los personajes de mayor influencia sobre el presidente Jimmy Morales, el ahora diputado Melgar Padilla, quien a las primeras pesquisas escapó de una oficina cercana al mandatario y asumió una curul para refugiarse en la inmunidad.

La semana antepasada, la jueza Claudette Domínguez revocó una orden de captura contra el general Érick Melgar Padilla, bajo una interpretación constitucional con fuerte olor a prevaricato, al justificar su decisión con que, si bien no está escrito que los jueces militares gozan de antejuicio, la Carta Magna tampoco lo prohíbe, cuando lo cierto es que el sindicado ni es juez ni tiene contemplado ningún beneficio de esa naturaleza.

Ayer, durante la audiencia en la que se cerró el caso contra los acusados de haber asesinado al padre de los Melgar Padilla, afloraron nuevos testimonios que permiten intuir un tenebroso cuadro, cuando uno de los abogados de los acusados falsamente aseguró que en una ocasión fue citado en un café de la calle Martí para reunirse con el militar y cuando llegó se encontró rodeado de soldados, lo cual constituye un amedrentamiento que buscaba evitar una declaración en el amañado proceso.

Más allá de lo obvio, el militar pudo haber incurrido en otras ilegalidades, al haber obligado a un grupo de soldados a incurrir en una acción personal, para lo que ni ellos ni él están autorizados, porque en ningún momento deben participar en ningún tipo de acciones de esa índole. Sorprende y asusta el abuso de poder y manipulación de una institución cada día con más manchas, sin que se observen los debidos correctivos.

Por esta situación es que el pasado mes el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala presentaron el caso Manipulación de la Justicia, porque para beneficiar a los hermanos Melgar Padilla y desligarlos del crimen, el fiscal Rony López se habría prestado para conducir una investigación paralela, mediante la cual procesó a los supuestos criminales e incriminó a un hermano de la víctima.

Es un penoso e increíble colofón, porque retrata estructuras de poder manipulando a todo un aparato de justicia, cuyo sometimiento lo convierten en una burda caricatura de lo que debe ser cualquier sistema que se precie de buscar combatir el más mínimo asomo de impunidad.