Aunque para las autoridades las cifras de muertes por violencia tienen un leve descenso, hay que insistir en que los esfuerzos para frenar la delincuencia todavía se perciben como una tarea insuficiente, a juzgar por la manera como miles de guatemaltecos pierden la vida al año.

De hecho, las armas de fuego y punzocortantes continúan siendo las principales herramientas de los malhechores, pero resulta alarmante el número de casos en los que el desmembramiento de las víctimas se une al sadismo que suele formar parte del lenguaje desalmado de los pandilleros, que es a quienes se vincula con ese tipo de hechos, aunque en algunos casos el fin parece ser el encubrimiento de los verdaderos autores.

Debe quedar claro que la reducción de los índices de criminalidad no será una cuestión de meses, sino una tarea de largo aliento en la que deben participar muchas otras instituciones, a fin de compartir recursos y esfuerzos y contrarrestar las causas profundas de ese fenómeno.

Esto se comprende mejor cuando se observa el esfuerzo que se hace desde el Ministerio Público para combatir diversas estructuras del crimen, que puede ser a la larga el más poderoso disuasivo contra los grupos delictivos.

En los últimos meses, las diversas fiscalías que deben combatir el crimen han asestado severos golpes a bandas de delincuencia común, de cuello blanco y del crimen organizado. En la medida en que ese esfuerzo se vea acompañado de condenas ejemplares, así también se puede marcar un mensaje disuasivo.

Comprender eso puede ser clave, sobre todo ahora que se discuten los recursos para el próximo presupuesto de gastos de la Nación y debe evaluarse la asignación financiera a esas dependencias, si de verdad se quiere implementar una estrategia de seguridad que aspire a tener un mínimo de integralidad y no se quede solo en acciones reactivas.

Por eso es que resulta prematuro atribuirse méritos en cualquier reducción sobre los índices de homicidios, porque hasta ahora no se ha hecho nada novedoso que permita alimentar esperanzas de que esa será una constante y no el producto del trabajo de otras instituciones que, paradójicamente, ven reducido su presupuesto, lo cual a su vez tiene impacto en la cantidad y calidad del personal, así como de los insumos necesarios para la tarea anticrimen.

Otro parámetro que deben tomar en cuenta las autoridades del Ejecutivo es que la percepción de la violencia entre la población ha variado muy poco, quizás porque muchos de los crímenes tienen elementos de notoria saña, como lo demuestran las estadísticas reportadas por el Inacif, en las cuales se observa un aumento en aquellos cometidos con evidente crueldad, los cuales se han disparado en 287 por ciento.

Es lógico que el combate de ese flagelo también incluya una profunda reforma del Sistema Penitenciario, que debe tener mejores y mayores instalaciones para reos de todo tipo; pero, además, entrar en una verdadera reingeniería que les permita tener opciones de rehabilitación, en lugar de ser gimnasio de mentes criminales.