El Ministerio Público parece haberse sacudido finalmente la modorra, y cuando están por cumplirse dos meses de gestión de la actual fiscal general, Consuelo Porras, vuelve una andanada de allanamientos en varias oficinas de la Municipalidad de Guatemala, en búsqueda de información para profundizar las investigaciones sobre el caso conocido como Caja de Pandora, en el cual estuvo involucrado Álvaro Arzú Irigoyen.

Esos operativos también habían quedado estancados a raíz del cambio de fiscal general y solo se dio continuidad a casos relacionados con la criminalidad común o con delincuentes extorsionistas. Los hechos de gran impacto habían pasado a un segundo plano, por lo cual empezaron las justificadas quejas y requerimientos para no ceder espacios en la lucha contra la corrupción.

En estricto sentido, este no es un nuevo caso, sino la continuación de investigaciones que sin duda habían quedado incompletas cuando se señaló al fallecido alcalde de financiamiento electoral ilícito, lo que implica que esclarecer muchos otros ilícitos en torno a la operación de la comuna capitalina es todavía una tarea pendiente, sobre todo en compras y manejo de recursos difíciles de rastrear.

El accionar contra estructuras que operan al margen de la ley en distintas instituciones es importante, porque hay evidencias de lo que ha ocurrido al amparo del poder y por ello es crucial el papel que está llamado a desempeñar el MP en los esfuerzos por combatir la impunidad, porque es demasiado el derroche de recursos para desbaratarlos.

En tal sentido, lo menos que cabe esperar de una profesional que obtuvo las más altas notas para dirigir esa entidad es coherencia y eficacia en la labor que debe desempeñar al frente de tan importante entidad, ante el devastador panorama dejado por la corruptela gubernamental, como lo ratifican los indicadores de desarrollo, que ubican al país a la cola de las naciones latinoamericanas.

Guatemala necesita un desempeño responsable de quienes han aceptado dirigir importantes instituciones para combatir un flagelo que también es causante de uno de los mayores dramas nacionales: la migración incontenible hacia Estados Unidos. A ello y a otras expresiones criminales se debe ese flujo injustificable, que incluso ha provocado tirones de orejas a las más altas esferas de poder.

Si no se quieren prolongar esos reclamos, se deben empezar a tomar con seriedad los cargos, asumir la responsabilidad de lo que corresponde hacer a cada uno y trabajar por el bienestar general, en vez de andar cooptando instituciones o tratando de zancadillear a la justicia, como lo hacen muchos funcionarios, mientras otros están entretenidos con el festín de los recursos públicos.

Los 17 allanamientos efectuados ayer en oficinas de la Municipalidad de Guatemala son justamente un recordatorio del enorme trecho que queda por recorrer para combatir la corrupción, y quienes tienen en sus manos contribuir a reducir la criminalidad de cuello blanco deben hacerlo con seriedad. Del otro lado hay esfuerzos extraordinarios para echar a perder una inversión millonaria efectuada por la diplomacia estadounidense para reducirle espacios a todo tipo de mafias.