TODO LO RELACIONADO con el tema de la electricidad de este país, se integra en un complejo sistema en el cual participan la producción y la distribución en sus diversas formas, incluyendo los criterios necesarios para el cobro a los usuarios individuales y a quienes producen bienes y servicios de beneficio para el país. Es evidente entonces la importancia de una política de Estado para contribuir por medio de subsidio al mejoramiento del nivel de vida de la población necesitada, así como para mantener costos competitivos a nivel regional. La complejidad se acrecienta por las diversas formas de producción —búnker, carbón, geotermia e hidroeléctricas— y por ello un criterio de Estado debe ser la producción de energía en base a recursos naturales disponibles.

EL SUBSIDIO PARA ESE FIN es fijado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), y por la Comisión de Finanzas del Congreso (CFC). En este momento hay un déficit provocado porque esta última no colocó en el presupuesto nacional el dinero suficiente: en vez de Q675 millones anuales otorgados en el gobierno de la UNE, le asignaron 300, por lo cual el precio subirá. Esto ocurrió cuando ese patio dominaba a la CNEE, y los jefes de bloques no tuvieron la voluntad de ver las consecuencias sociales de esta irresponsabilidad, ejemplificadas ahora con manifestaciones en las carreteras y concentraciones en los parques, en protesta por esa alza terrible para estos grupos mayoritarios de la población.

ES MOMENTO ENTONCES DE preguntarle a la alta dirigencia de la UNE por qué redujeron ese subsidio, así como cuáles son las razones del virtual inicio de una campaña preelectoral de la lideresa Sandra Torres, en sus visitas a departamentos donde se encuentran centenares de afectados por esa medida. Creo necesario llamar la atención acerca de la importancia de la CFC, porque si bien su decisiones deben ser aprobadas por el pleno, esto se hace casi siempre jugando a las escondidas y además contando con el desinterés de los congresistas, así como del desconocimiento ciudadano acerca de estos temas, si bien de difícil comprensión, con consecuencias cuyas razones se pueden explicar solo si se comprende en enramado de los intereses convergentes en el presupuesto nacional.

OTRO FACTOR EN ESTA ECUACIÓN son las causas de tener Guatemala hoy en día el precio más bajo de energía de toda Centroamérica. Aquí entra el tema de las hidroeléctricas, en su mayoría inversiones privadas causantes, en parte, de esa realidad. En datos numéricos, a causa de la dependencia del petróleo para producir energía, el precio máximo en tiempos de Berger llegó a 89.68 dólares, y al final del gobierno de la UNE ascendió a 132.55, el más alto de la historia. Al entrar la producción hidroeléctrica se inició un descenso del precio. Por eso al final del gobierno del PP estaba en 71.06, y hoy bajó a 51. 69, lo cual significa un 60 por ciento menos del precio máximo antes indicado. Ello explica por qué el país es hoy un centro de creación de la llamada energía eléctrica limpia.

POR APARTE, SE DEBE señalar cuáles serán los efectos de la decisión de la Corte de Constitucionalidad para invalidar el funcionamiento de hidroeléctricas, porque su tarea consiste en vigilar la observancia de las normas de la Carta Magna. Si bien muchas de sus decisiones deben tener un factor político, cuando de alguna manera influye en aspectos técnicos por razones únicamente políticas, puede ser acusada de desviar sus funciones. Hacer estos señalamientos, creo, permite facilitar la comprensión de las complejidades del tema eléctrico, así como la necesidad de discutir públicamente, con especial cuidado, serenidad y responsabilidad, las decisiones al respecto, de las cuales pueden emanar choques sociales y disminuir la confianza de Guatemala como país atractivo para inversiones.