Se sabe. La situación política en el país, voraginosa como es, da escasos espacios para que agendas adicionales se sumen a una ya nutrida coyuntura. Presionadas las salas de redacción, asombra la rapidez con que noticias de trascendencia se vuelven obsoletas, tan solo horas después, por el constante surgimiento de nuevas olas que las opacan. Pero si acaso me lo admite el lector, me atrevo hoy a distraerle un momento de los enredos locales para amplificar desde esta columna, un auténtico llamado de auxilio –S.O.S.- que desde el norte lanzan migrantes paisanos. Más que nunca, atraviesan un colapso innecesario e intolerable del cumplimiento gubernamental, y en especial del Ejecutivo, que parece haber desechado su misión institucional de formular y aplicar políticas adecuadas para brindar atención consular. Lo sé, la queja no es nueva. Pero el gobierno actual –que tiene una deuda política con la población migrante- ha permitido un deterioro de gravedad inédita, que trataré de exponer en su justa dimensión.

Corre el decimocuarto mes desde que inició la crisis de pasaportes en el exterior. Hasta ahora, los consulados están entregando las libretas que fueron solicitadas desde septiembre de 2017. Se puede calcular que el Estado debe libretas a más de 100 mil migrantes que aún no la han recibido. La presa de usuarios creció de tal forma, que por primera vez en un ciclo de gobierno, fue suspendida en dos ocasiones la vital agenda de Consulados Móviles. Cualquier persona familiarizada con el quehacer migratorio conoce la gravedad de esto. Y en repetidas declaraciones ante medios de comunicación, autoridades de Migración aseveraron tener disponibilidad de unas 100 mil libretas, con lo que dijeron cubrir la demanda hasta marzo próximo. Pero en realidad parecen ocultar que dicha cantidad ni siquiera alcanza para suplir la presa en mora, en Estados Unidos.

Se suma a esta complicación un nuevo Manual de Normas y Procedimientos Consulares y Migratorios, que fue puesto en vigencia por parte de nuestra cartera en el exterior, en noviembre último. El Manual regula los procedimientos operativos que debe seguir el personal del servicio exterior de la Cancillería. Y aunque se estima necesario regular los criterios de operación, el manual recoge normas que se convierten en obstáculos legales para que una persona radicada en el exterior, realice sus trámites necesarios. El Manual es extenso, pero de principal preocupación sobresalen los requisitos que se exigen al ciudadano para inscribir la nacionalidad guatemalteca de sus hijos nacidos en el exterior, y para obtener la útil Tarjeta de Identificación Consular. No cabe en estas líneas entrar en detalle, pero por medio del Manual, el Estado viola el derecho a la identidad de sus ciudadanos, pues para sus inscripciones les exige presentar DPI, cuando este no es accesible en el exterior, y cuando impide realizar ciertos trámites por medio de mandatarios legales.

En la dirigencia actual de nuestra política exterior, crece un abandono al migrante. Hay quejas de desorden administrativo que aleja a las sedes consulares de las autoridades centrales. El equipo electrónico de atención a los usuarios es obsoleto, y algunos califican de milagroso, el que aún funcione. Desde diciembre colapsó el acceso que tenían los consulados al sistema digital de Renap (SIRECI), y con esto se complican las inscripciones. El personal administrativo fue disminuido. Los cónsules subvencionan ciertas operaciones y el ministerio aún debe ese dinero. La situación se complica y es necesario hacer un llamado público al viceministerio de asuntos consulares para que ponga su experiencia al servicio de los usuarios, y al Procurador de Derechos Humanos para que preste atención a estas violaciones al derecho de una población vulnerable.

@pepsol