Es lamentable que el fracaso del oficialismo en la aprobación del presupuesto para el 2018 no sea resultado de un profundo debate racional acerca de su calidad técnica y prioridades estratégicas, sino un ajuste de cuentas entre quienes a través de la corrupción buscaron afanosamente pasar un gasto improcedente con claras prioridades preelectorales.

El primer responsable de ese descalabro es el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, que por una mezcla de novatez y de escaso criterio se dejó manipular por quienes a su vez convencieron al presidente Jimmy Morales de proponer un gasto descomunal, cuyo mayor rubro es el funcionamiento. Era un disparate y una clara muestra de estulticia porque logró la recaudación necesaria para el presupuesto de este año, bastante menor al proyectado.

El segundo responsable de esta debacle para el oficialismo es el mandatario, quien solo vio posibilidades clientelares, en el terreno político y en el plano público, y no tuvo la capacidad de reconocer la irresponsabilidad en la que estaba incurriendo, a falta de voces críticas en su entorno cercano, plagado de aduladores, intermediarios y diletantes, todos hermanados por la incapacidad.

Un tercer protagonista del sonoro hundimiento de un pacto aparentemente aceitado con la promesa de fondos sin candado es el jefe de bancada del oficialismo, Javier Hernández, quien pretendió mezclar el tema presupuestario con su impopular pretensión de presidir el Legislativo, pero a falta de habilidades de liderazgo, recurrió al intercambio de favores políticos, que fallaron claramente.

El error de bulto era el aumento de un 42 por ciento en la asignación al Ministerio de Comunicaciones, fuente tradicional de corrupción e inmoralidad, al punto de que muchos diputados se frotaran las manos por las oportunidades de negocios que estaban por abrirse con más de 5 mil millones de quetzales destinados a infraestructura.

El titular de Finanzas intentó señalar a la cobertura periodística de haber puesto en el ojo público el proceso presupuestario, algo que no tiene nada de extraño ni dedicatoria alguna. por ser tema cíclico de interés general. También culpó al merecido desprestigio de la clase política, que este año tocó nuevos niveles de bajeza con la aprobación de los aberrantes decretos de impunidad, el 13 de septiembre, anulados por la inmediata exigencia popular.

Estrada, en una clara inercia populista, incurrió en la imprudencia de decir que los rubros sacrificados serán ahora los sectores de justicia y seguridad, lo cual es desafortunado, puesto que en el malogrado presupuesto dichas áreas no tenían una ampliación significativa, pues la prioridad apuntaba hacia infraestructura, funcionamiento y pago de favores, incluyendo el botín de arrastre, hoy revelado como una quimera.

Aún queda una lucha intestina por la directiva del Congreso, que el oficialismo tenía como moneda de cambio cuando el Presupuesto parecía avanzar sin trabas, la cual seguramente se buscará copar con allegados. La historia es reiterativa y la lección para FCN-Nación es la misma recibida por partidos de la vieja política que han caído en el espejismo de creerse todopoderosos y ajenos al escrutinio público.