A consecuencia del proceso de revisión de distintos sectores que ahora se lleva a cabo en el país, de manera expresa o tácita, no es sorprendente que le haya tocado el turno a los sindicatos creados en las instituciones del Estado.

Hay especial interés en conocer las interioridades de los pactos colectivos, de los montos de salarios y otras prestaciones negociadas, así como de las actuaciones de los dirigentes, que por tener relación burocrática, son sujetos a la posibilidad de una relación indebida con las autoridades de turno.

Cuando estos sindicatos fueron autorizados, como producto de las reformas incluidas en la implementación del actual texto constitucional, se alzaron voces a favor de esta idea, sobre la necesidad que los trabajadores del Estado no estuvieran expuestos a los vaivenes de los cambios políticos derivados de las elecciones, preocupación que estaba justificada por la inestabilidad laboral presente desde hace varias décadas.

Quienes adversaban la idea expresaron que, a diferencia de los sindicatos de empresas privadas, cuyo dinero también es privado, en los sindicatos burocráticos los fondos provienen de los impuestos, por lo que quienes negocien pactos colectivos lo harán de tal manera que no les acarree mala imagen dentro de los trabajadores. Por esta causa existe el riesgo de que las condiciones y los acuerdos negociados no correspondan a la realidad económica ni a la laboral existentes en el país.

Cualquier acción incorrecta de la dirigencia sindical, como cooptación de puestos o negociaciones bajo la mesa con las autoridades, desnaturaliza la meta del beneficio al trabajador estatal.

Hay casos en que estas acciones provocan daños irreparables, como los sindicatos de maestros y de empleados de salud pública. Las huelgas de educadores, la declaración de “sesión permanente” y demás medidas similares, se convierten en acciones dañinas . En estos casos se trasciende lo puramente económico, para entrar de lleno en daños muchas veces irreparables de los que resulta víctima la población.

En los sindicatos burocráticos hay por lo menos tres casos claros de abusos. Uno es el de Joviel Acevedo, dirigente desde hace muchos años; otro es el de salud, cuyas acciones provocan sospechas de ser el resultado de acuerdos entre bambalinas con las autoridades. El otro caso es el del Congreso, donde los pactos firmados le otorgan ingresos equivalentes a puestos gerenciales en el sector privado, a trabajadores que no tienen nada qué hacer y es prácticamente imposible resolver estas dos anómalas situaciones.

La realidad económico-social del país obliga a la revisión de las relaciones obrero patronales en los sindicatos del Estado, y declarar lesivos los pactos negociados, por haberse hecho a espaldas de la ciudadanía. No se trata de eliminar esta conquista laboral de los burócratas, sino de hacerles entender a quienes los integran que el peor enemigo de este tipo de sindicalismo es la inexistencia de condiciones de equidad con el resto de la fuerza laboral, y emplear medidas que afectan parcial o permanentemente derechos ciudadanos de salud, educación y locomoción, entre muchos otros.