Luego del rifi-rafe de la semana pasada entre la ministra de Salud y los diputados que integran la Comisión de Salud del Congreso, queda claro que los auténticos perdedores en esa batalla no fueron tanto los diputados, como los sindicatos de Salud, quienes aparentemente buscaron, por medio de una alianza espuria, someter a la funcionaria a juicio político y sacudirse de esa manera la amenaza que representa que una persona que goza actualmente del respaldo y protección de varios de los círculos de poder real operando en el país ponga sobre la palestra el pacto colectivo y otras prácticas que han llevado al descrédito a los liderazgos sindicales. Ese hecho, sumado a un profuso manejo de las redes sociales, hizo que la ministra canalizara a su favor la profunda antipatía que despiertan los diputados y el Congreso entre la ciudadanía, y que se extiende a los liderazgos sindicales del sector público.

El resultado ya lo sabemos: la interpelación fue cancelada unas cuantas horas antes. Además, la Corte de Constitucionalidad ordenó a los sindicatos deponer la paralización de los servicios públicos de Salud, y los obstáculos y bloqueos en carreteras. Ambos hechos apuntan a una derrota para el sindicalismo salubrista.

En una situación similar estuvo hace unos años la exministra María del Carmen Aceña, y si bien ella tampoco fue depuesta de su cargo, en esa ocasión el sindicato sí mostró su enorme fuerza e incidencia para contraponerse a la línea de política que impulsaba la administración del presidente Berger.

Esto ya no es así, ¿pero lo están comprendiendo los liderazgos sindicales? Los procesos de depuración y saneamiento del Estado que están en marcha comienzan a permear la cultura ciudadana. Los liderazgos sindicales se leen frente al ojo público como una de las figuras portadoras de estas prácticas. Deberían, por ende, poner las barbas en remojo.

Toca urgentemente que hagan pausa y reflexionen: los objetivos, los argumentos, las prácticas de sus liderazgos y sus tácticas de lucha deberían ser revisadas y cuestionadas internamente. Es hora de que planteen recambios, antes de que toda la institucionalidad sindical se vea atropellada por el tsunami en marcha. Más allá del impacto directo que pueda tener sobre personas específicas, el mayor riesgo que existe en la actualidad es que se aproveche la oportunidad para desmantelar la organización sindical, dejando con ello a miles de trabajadores del sector público —que ganan mal y trabajan en condiciones muy difíciles— a merced de otras fuerzas, que siempre han propugnado porque no existan sindicatos en el país. Especialmente, porque tampoco se visualiza que en el corto plazo se vaya a dar una reforma profunda de la estructura y condiciones laborales del servicio civil y de la legislación que lo regula.

El sindicalismo se ha combatido siempre en Guatemala. Primero con balas, dirigidas a aquel comprometido con las necesidades de la población. Luego, prácticamente se eliminaron los sindicatos de las empresas. Y, conforme se fue dando el desmantelamiento del aparato público, estos también fueron penetrados por prácticas indeseables que ahora están en la picota.

Por tanto, la revisión del pacto colectivo, que nunca debió salir de la mesa de negociación, debe regresar ahora a ella. El MSPAS debería explicar cómo propone modificar el Pacto y de sus efectos sobre los trabajadores y entre todos, buscar una salida razonable que anteponga el mejor interés de la sociedad sobre reivindicaciones particulares, sin que por ello se vea amenazada la viabilidad del sindicalismo, siendo que este es uno de los derechos básicos de todo trabajador.