Un extenso reportaje del diario El Periódico de ayer informa sobre un tema del cual la ciudadanía ya tiene conocimiento: el empleo de fideicomisos para manejar fondos de instituciones públicas. Aunque no sorprende mucho el alto número de ellos en la actualidad, es decir 65, sí causa sorpresa conocer cuántos existen en la municipalidad donde reina e impera Álvaro Arzú, y cuántos fueron creados durante los años de su presidencia, de 1996 al 2000, porque de manera clara se manifiesta la tendencia a manejar tales fondos de esa manera, para poder así escabullirse de manera pseudolegal, por no decir ilegal, del campo de acción de la Contraloría General de Cuentas.

Las cifras impresionan. En la comuna capitalina tres de ellos suman mil quinientos millones, o sea 1.5 millardos. El reportaje señala a 1976, es decir hace 41 años, el inicio de esa ingeniosa aunque en realidad burda manera de manejar los dineros públicos, autorizados con la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto de 1997. Los nombres son igualmente impresionantes: de Apoyo a la Planificación Urbana, 1.13 millardos; Metropolitano de Manejo de Recursos Naturales y de Recreación Cultural y Deporte, con 54 mil quetzales; el de la Empresa Municipal de Agua, el de Transporte de la Ciudad de Guatemala, de los cuales solo se informa a la Contraloría. Como era de esperarse son numerosas las dudas, o más bien las certezas, de los motivos de esta forma de operar.

Este tipo de noticias explican las causas de las reacciones hepáticas y casi incontroladas de las autoridades municipales capitalinas, encabezadas por el monarca absoluto Álvaro Arzú. Su reacción no sorprende, porque es similar a la asumida cuando fue citado por un juez para responder por su amenaza en público de sacar a “morongazos” a quienes no estén de acuerdo con decisiones municipales. Aunque parezca mentira, su pretensión era no presentarse al juzgado e hizo la consulta a la Corte de Constitucionalidad, como si esta no debiera atender asuntos importantes en vez de caprichos rayanos en la infantilidad. Todos los tan cuestionables fideicomisos, de acuerdo a las leyes aplicables, tienen la obligación de hacer públicos todos sus actos. Es obvio y evidente.

El asunto debe ser tratado con seriedad. La corrupción no solamente consiste en meter la mano entre el dinero, sino también por medio de la burla a las figuras legales existentes, como consecuencia del retorcimiento de las normas, o sea de lo comúnmente conocido como “güisachada” aunque sea el producto de la mentez de abogados de renombre. La lógica permite llegar a hacer algunas conclusiones muy fáciles: todo aquello realizado en las sombras tiene cercanía con el deseo de la impunidad. En el caso de los fideicomisos, se debe recordar el absurdo de querer manejar esos fondos públicos como si fueran propiedad de alguna institución, de la misma manera como sí lo son aquellos dineros ganados por el trabajo de personas individuales o jurídicas.

Todos los fideicomisos con dinero público deben ser estudiados para su prohibición y para la deducción de responsabilidades a quienes hayan participado, aunque esto haya ocurrido hace años y por eso constituya una práctica común, como han sido todas las acciones de corrupción de los exfuncionarios públicos ahora sujetos a juicio. Los representantes de la Contraloría cuentan con el apoyo de la ciudadanía para la ampliación de las tareas de investigaciones, sin dejar por fuera a nadie. La burla a la ley, vale la pena repetir, es tan dolosa como su incumplimiento, y en los momentos actuales las facilidades de comunicación instantánea permiten la difusión inmediata de cualquier tema causante de escozor o de preocupación a quienes han participado en negocios oscuros.