Ayer se celebró el Día Mundial de la Alimentación y hoy es el Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza Extrema. Probablemente no sea coincidencia la cercanía de estos eventos de carácter global, pues el hambre y la miseria van de la mano y constituyen dos de los mayores retos que enfrenta la civilización actual en el camino hacia la construcción de sociedades inclusivas, pacíficas y democráticas.

En mis primeros años de escuela, allá en la clasemediera colonia Ciudad de Plata de los años ochenta, conviví con niñas y niños de muy escasos recursos, provenientes de los asentamientos de la zona 7. No conozco en carne propia el hambre que cotidianamente padecen 815 millones de personas en Guatemala y el mundo, pero en la Escuela Oficial Urbana Mixta Número 85 a la que asistí, observé desmayarse por hambre a muchos de aquellos niños. Ser parte de esa realidad hacía que los niños que llevábamos nuestro pan para refaccionar en el recreo lo compitiéramos a diario y sin pensarlo mucho. En esos años, para fortuna nuestra, la escuela ofrecía todos los días una taza de atol bien caliente que se entregaba a todos por igual. Después, en la universidad y en el trabajo, he participado en viajes de estudio y voluntariado por diversos territorios: lugares con sequías, tierras poco fértiles y siglos de olvido estatal y discriminación; con hombres y mujeres de ojos muy tristes, y niñas y niños con sonrisas que lograban borrar un poco lo doloroso que era ver sus estómagos inflados, los plomizos colores de sus harapos y sus pies descalzos y enlodados.

Después de lo que he visto, se lo digo claro: Guatemala está perdiendo la lucha contra el hambre y la miseria, y con ello está reduciendo cualquier posibilidad de edificar una democracia plena y una sociedad desarrollada. Es por ello que es urgente diseñar, legitimar ante la sociedad y poner en marcha políticas públicas innovadoras, bien financiadas y mejor ejecutadas. No es suficiente la caridad privada ni la masiva construcción de carreteras; son chocantes las ideas de reducir salarios e impuestos, y depravadas las acciones que intentan seguir reduciendo la administración pública.

El Fondo Monetario Internacional, en su más reciente informe sobre política fiscal, se ha sumado a la discusión de una renta básica universal (RBU), un monto de dinero que el Estado asigna sin condiciones a cada persona por el simple hecho de ser ciudadano: su impacto es significativo en la reducción de la desigualdad y la pobreza al tiempo que su ejecución dinamiza la actividad económica y genera empleo.

Un ejercicio de investigación en el que he participado y que se presentará en el mes de noviembre permite observar que con una RBU mensual de Q175 por persona, Guatemala podría eliminar la pobreza extrema. Entre 2019 y 2030, esta medida podría aumentar el crecimiento potencial de la economía hasta en un 50% y generar nuevos empleos que, para 2030, sumarían cerca de 4.7 millones (33% de la población en edad de trabajar en ese año), repartidos en todo el territorio nacional y en los sectores agrícola, industrial y comercial. Con una mirada fiscal moderna y una reforma profunda en este ámbito, el país podría contar con recursos para financiar la RBU y otros programas públicos destinados a educación, salud y alimentación, desarrollo rural y transformación productiva, acceso a crédito, vivienda y servicios públicos, seguridad y justicia. Sí es posible un mundo sin miseria, pero se requiere una política económica, fiscal y social para el beneficio de todos, con nuevas responsabilidades entre lo público y lo privado.

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