El Congreso Nacional de Medicina arranca el jueves 29 y aborda varios temas interesantes para la política pública de salud. Uno de ellos es el del empleo médico. Posiblemente para el jueves que da inicio la actividad, el Congreso,  en pleno proceso preelectoral, se haya congraciado con los médicos y resuelva favorablemente su legítima petición. Valga recordar que cada cierto tiempo se dan estas crisis de recursos humanos en el MSPAS: atrasos en el pago de salarios y honorarios, personal que trabaja por contrato cuando en realidad cumple funciones institucionales y bajos salarios.

La más reciente, que a mi juicio no ha finalizado, es la crisis que inició alrededor de septiembre del 2014, y que explotó un año más tarde con el desabastecimiento masivo y prolongado de medicamentos e insumos médicos. Esta situación se acompañó de un crecimiento desproporcionado de la planilla y problemas de déficit de flujo de caja en el Estado, producto del saqueo masivo y multiplicado. Esto llevó también a un atraso severo en el pago de salarios y honorarios al personal médico. Los responsables de permitir esta debacle y saqueo del Ministerio de Salud siguen en la impunidad.

Entre octubre del 2015 y enero 2016, con el apoyo de Minfin, se lograron desactivar los temas más álgidos del desabastecimiento —el riesgo de desabastecimiento de oxígeno, en particular—, restablecer los pagos de salarios y honorarios atrasados al personal médico hospitalario.

La fase II de la crisis institucional arranca justamente ahí, con el primer show mediático de la administración con la recepción de una donación de medicamentos con fecha próxima de vencimiento, hecha por una fundación/oenegé aliada suya —y que ahora sabemos que recibe recursos del Estado—. Tanto así, que el ministro Cabrera renuncia y asume la cartera la doctora Hernández Mack.

En materia de recursos humanos, la gestión de la doctora Hernández enfrentó la exigencia de los sindicatos de salud de cumplir con el Pacto Colectivo que fuera firmado por el ministro Jorge Villavicencio en los tiempos del patriota, y que contiene cláusulas leoninas para el presupuesto ministerial, así como ilegalidades que aún esperan resolución jurídica. En ese contexto, los médicos se quedaron al margen de la polémica y continuaron su labor. El conflicto se prolongó todo el 2017. Cuando ella renuncia y llega el doctor Carlos Soto como ministro se fue diluyendo la tensión con los sindicatos, pero comienza a darse un creciente y manifiesto descontento entre los médicos hospitalarios reivindicando mejoras salariales y de condiciones de trabajo, que se fueron intensificando a lo largo del 2018. Como decía en un inicio, estamos por saber si el Congreso aprobará los recursos para satisfacer la reivindicación médica, aún y cuando esto mismo no está exento de desafíos legales.

Si bien la denuncia legal del Pacto Colectivo aún vigente parece haber caído en la nada, las otras soluciones ofrecidas por el Ministerio de Salud constituyen solo parches temporales a problemas que exigen, más que solo dinero, una reforma profunda del Estado y de la manera en que funciona el sistema de servicio civil en general. Demandan, también, una visión más comprehensiva sobre los cambios profundos que se están dando en el ejercicio profesional de la medicina tanto en el sector público como en el privado.

Sin embargo, al sistema político corrupto le conviene poner un parche más y no soluciones más estructurales. Se eliminaría una fuente de poder y de ingresos. El curso que tome la disputa por el control del Estado será determinante para saber si hay, en el mediano plazo, alguna posibilidad de abordar este acuciante problema.

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