En el año 2010 se realizó en Guatemala el Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres durante el conflicto armado interno. Por varios días, muchas sobrevivientes dieron sus testimonios y relataron los vejámenes que sufrieron en los años de la guerra.

Luego de esta experiencia, 15 mujeres q’eqchie’s de la comunidad de Sepur Zarco decidieron interponer una denuncia por los delitos de violencia sexual y esclavitud sexual y doméstica. La querella se presentó en el Ministerio Público en el 2011 y en junio de 2015 el juez Miguel Ángel Gálvez, del juzgado B de Mayor Riesgo, aceptó las pruebas y envió el caso a debate.

Sepur Zarco es una comunidad que se encuentra en el límite entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal. Según consta en la denuncia, en 1982, en uno de los destacamentos militares instalados en el área, el Ejército capturó a los hombres de la comunidad que estaban en trámites para la legalización de sus tierras por considerarlos insurgentes. Todos fueron desaparecidos. A sus esposas se les consideró “mujeres solas y, por lo tanto, disponibles”, y fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual.

Según los testimonios presentados, durante seis meses consecutivos las mujeres hicieron turno cada tres días en el destacamento para cocinar, limpiar y lavar uniformes militares; fueron violadas en repetidas ocasiones, de forma individual y colectiva, y a algunas de ellas se les obligó a tomar medicinas o fueron inyectadas para evitar embarazos. De acuerdo con el informe Guatemala, memoria del silencio de la Comisión de Esclarecimiento (CEH) Histórico de Naciones Unidas, “la violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada en forma generalizada, masiva y sistemática como parte de la política contrainsurgente del Estado”. Se le considera un delito de lesa humanidad y un crimen de guerra, y fue utilizada como herramienta de dominación y de terror. Esta es la primera vez que un tribunal nacional conoce crímenes de esclavitud sexual durante un conflicto armado, ha habido casos en otros países que han sido presentados ante tribunales internacionales, pero las mujeres de Sepur Zarco le han apostado a sentar un precedente en su propia tierra y eso es un acto de enorme valentía.

El proceso dará inicio el martes 1 de febrero, en el Tribunal A de Mayor Riesgo. El teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón enfrentará la justicia por los delitos de deberes contra la humanidad en forma de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de 11 mujeres; por el asesinato de tres mujeres —una madre y sus dos pequeñas hijas—, y por tratos crueles en contra de dos niñas. El comisionado militar Heriberto Valdez Asig lo hará por la desaparición forzada de seis hombres, esposos de las mujeres víctimas, y por el delito de deberes contra la humanidad en forma de violencia sexual en contra de una mujer. Las mujeres de Sepur Zarco han debido esperar más de 30 años a que se haga justicia. Durante décadas, el sistema permaneció bajo el control de quienes querían perpetuar la impunidad y recién en estos últimos años los procesos han avanzado, a pesar de los enormes obstáculos y la cooptación que todavía persiste.

Durante la audiencia de anticipo de prueba realizada en el 2012, una de las mujeres sobrevivientes expresó ante el juez: “Queremos impedir que estos actos brutales que sufrimos les pasen a otras mujeres de Guatemala”. Sus palabras tienen un enorme significado, buscan justicia para que lo que ellas vivieron no vuelva a repetirse. Una vez más: la justicia no es venganza y es la vía para la reconciliación y garantía de no repetición.