La reunión celebrada entre los presidentes de Guatemala y Honduras —y el vicepresidente salvadoreño— y altos funcionarios de los Estados Unidos constituye un nuevo marco de las relaciones entre los Estados Unidos y estos países. A pesar del apoyo bipartidista a la cooperación con Centroamérica, el contexto ha cambiado y hay un intento del poder ejecutivo norteamericano de reorientar, aunque sea levemente, los lineamientos establecidos por el Congreso de Estados Unidos.

El nuevo contexto incluye las declaraciones de Trump sobre Cuba, que delatan una nostalgia por la época de la Guerra Fría y que opacaron los acuerdos con Centroamérica. Pero, además, hay dos hechos elocuentes. Primero, con la reducción de los recursos asignados en el presupuesto norteamericano para Centroamérica, es evidente que la prioridad de este programa se redujo. Segundo, comunicar el deseo de derogar el TPS pocos días antes del encuentro con los presidentes centroamericanos, así como dejar sin efecto la directiva ejecutiva de Obama para proteger a los padres migrantes con hijos nacidos en los Estados Unidos, es otro mensaje claro: el flujo migratorio de centroamericanos no solo debe detenerse, sino que debe revertirse. La amenaza está clara; el juego es rudo.

En su primera declaración ante los presidentes centroamericanos, el vicepresidente Pence declaró que la seguridad era la base de la prosperidad. Quedó claro cuál tema era prioritario. Pero más que escoger entre la seguridad y la prosperidad, la competencia por determinar lo más importante pareciera estarse dando entre el combate del narcotráfico y la lucha contra la migración ilegal. Y desde la perspectiva del poder ejecutivo norteamericano la colaboración de los gobiernos centroamericanos para combatir el narcotráfico es esencial. En esta cooperación posiblemente resida cierto margen de negociación centroamericana para no subordinarse totalmente a los intereses de los Estados Unidos. Es algo que México ha planteado, discretamente.

¿Y qué hay de la prosperidad? Uno de los méritos de las primeras propuestas norteamericanas que dieron lugar al Plan de la Prosperidad era reconocer que buena parte del origen de las migraciones era la ausencia de oportunidades económicas. Para crearlas, originalmente predominó en Guatemala una visión que le asignaba prioridad a la ejecución de megaproyectos y a la constitución de corredores logísticos, favorecida por el Cacif, Fundesa y por los empresarios que dirigen los grandes conglomerados que dominan la economía nacional. Sin embargo, la administración Obama favoreció una visión más centrada en el desarrollo local e integral en el Altiplano, origen de la mayor parte de migrantes, y en la atención a la política fiscal. Ello se reflejó en los fondos canalizados por la vía del presupuesto norteamericano a Guatemala.

Ahora el péndulo vuelve a una posición cercana a la original. Hay un renovado protagonismo de los empresarios y de sus instituciones, muy cercanos al presidente Morales. Plantean la creación de una agencia de inversión público-privada, con algún financiamiento de los Estados Unidos, para financiar y ejecutar proyectos. Volvemos a los megaproyectos, o a una versión modificada de esa propuesta original. Juega a favor de la política norteamericana de reducir sus recursos públicos para el Triángulo Norte, ya que permite argumentar que el capital privado los sustituirá. Destacan la necesidad de que Centroamérica sea una atractiva zona de negocios para empresas norteamericanas. ¿Quedará en el olvido la necesidad de desarrollo local integral para reducir la pobreza rural, origen de las migraciones? ¿Obtendremos seguridad para los Estados Unidos y prosperidad para los grupos privilegiados de siempre?

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