Para quienes avalan el continuado esfuerzo que desde 2015 se hace para combatir la corrupción, son alentadoras las noticias de lo que eso ha provocado también en Estados Unidos, donde en las últimas semanas se reportan acciones que claramente muestran un decidido apoyo a los entes de persecución criminal, por ser ese flagelo la causa de otros males mayores.

El martes, el Congreso aprobó incluir una enmienda en su ley de seguridad, impulsada por la congresista de origen guatemalteco Norma Torres, que obliga a las autoridades y funcionarios de Estados Unidos a elaborar una lista de personas vinculadas con hechos de corrupción en los tres países del Triángulo Norte.

Esta iniciativa es una de las más claras muestras de los esfuerzos que hacen diversos órganos de poder en Washington para estrechar el cerco alrededor de quienes persisten en una práctica que se convierte en el aliento para otras expresiones criminales: narcotráfico, contrabando, trata de personas y la desproporcionada emigración irregular, que también se explica por altos indicadores de inseguridad y violencia prevalecientes en la región.

Es un esfuerzo paralelo al que desde otras instancias hace el Departamento de Estado, como la designación del exembajador en Guatemala Todd Robinson para atender asuntos de Centroamérica, un cargo cuya especial designación ocurre en momentos críticos, como parece ser la percepción generalizada de lo que ocurre en estos momentos en el Istmo.

El movimiento de pinzas que desarrolla Estados Unidos busca dejar pocos resquicios al envilecimiento en el servicio público, para dejar claro que habrá una creciente presión sobre autoridades y diplomáticos guatemaltecos, como también se pudo constatar el pasado miércoles en una imagen que divulgó el congresista demócrata Albio Sires, luego de citar a su oficina al embajador de Guatemala en Washington, Manuel Espina, a quien le dijo que para ellos es importante contar con una Cicig “fuerte e independiente”.

Ayer arribó al país el sexto emisario estadounidense en lo que va del año, Carl Risch, subsecretario de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, quien luego de visitar Honduras y El Salvador arriba para revisar los avances sobre la reducción de flujos migratorios, como lo acaba de constatar en el vecino país y seguramente reiterará la preocupación de su gobierno sobre las causas del éxodo de centroamericanos.

Dos conclusiones salen de esta ofensiva de Estados Unidos para combatir de manera inequívoca la corrupción. La primera es que se debe agradecer a la clase política guatemalteca y a los más altos representantes de los tres poderes del Estado haber logrado que el combate de ese flagelo pase a estar entre las principales prioridades de legisladores y altas autoridades del Ejecutivo estadounidense.

La segunda, menos grata, es responsabilizar a quienes con su inmoral e ilegal proceder han logrado poner el nombre de Guatemala en una de las más vergonzosas agendas de altos organismos estadounidenses, pues los últimos acontecimientos ponen al país como un refugio de incapaces e inmorales delincuentes a quienes se les debe reducir el margen de maniobra.