Nadie con dos dedos de frente debería oponerse al fortalecimiento de las instituciones y menos a aquellas llamadas a jugar un papel fundamental en el robustecimiento de la democracia, aunque la politiquería, la corrupción y el flujo de recursos oscuros hayan desvirtuado esa esencia.

A eso se reduce la carta de entendimiento firmada el pasado jueves entre los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, cuyo objetivo es fiscalizar las finanzas de los partidos políticos, a las puertas de un nuevo proceso electoral que debe ser sustancialmente diferente a los anteriores.

El monitoreo de los aportes dinerarios a las agrupaciones políticas es una de las tareas más urgentes a emprender por los guatemaltecos, pues vale recordar que los últimos tres partidos ganadores de los comicios presidenciales están bajo investigación. Uno de ellos, el Patriota, ya fue cancelado; el actual partido oficial, FCN-Nación, está en proceso de cancelación y se encuentra bajo investigación la Unidad Nacional de la Esperanza.

La figura más relevante que está a las puertas de enfrentar a la justicia es el presidente Jimmy Morales, acusado de no haber registrado millonarios aportes a su campaña. El destino de esos fondos encajaría en financiamiento electoral ilícito, lo que la justicia trata de esclarecer y para lo cual tramita el retiro de su inmunidad.

Contraproducente es, por ello, la irrupción en forma atropellada de un grupo de inconformes en la sede del TSE para protestar contra la firma de ese convenio, porque además han sido quienes más han enarbolado la bandera de la soberanía nacional, mientras una de sus figuras más vociferantes era una ciudadana de origen cubano, lo cual desvirtúa cualquier reclamo en nombre de los guatemaltecos.

Oponerse a la fiscalización de los aportes financieros a los políticos es una de las posturas más absurdas, porque la falta de esa fiscalización y reticencia a la rendición de cuentas ha hecho que los presidentes se conviertan en piezas manipulables de sus financistas, y mientras eso no se combata de manera eficaz se corre el riesgo de continuar por el sendero de la corrupción, pues ahora medios internacionales dan cuenta de que grupos vinculados al narcotráfico habrían aportado millonarios recursos a campañas presidenciales.

Las autoridades del TSE no deben albergar la menor duda de que hicieron lo correcto y que esa es la vía que deben seguir para sanear y hacer transparentes los aportes a las agrupaciones partidarias, las cuales no solo deberían competir en condiciones de igualdad, sino independizarse de sus tan generosos donantes, para concentrarse en planes de gobierno y no en el pago de favores.

Los procesos electorales se han convertido en la última barrera para depurar la política, y cada vez se hace más evidente que eso se busca evitar, en una falta de total sentido común porque toda acción opuesta a esos objetivos evidencia un anclaje con un pasado del cual los guatemaltecos debemos salir, y para ello es vital el empoderamiento del TSE, que debe ser el primer garante de la transparencia del próximo proceso y de la justicia electoral.