Antes de emprender su primer viaje a Latinoamérica, en su calidad de Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el general John Kelly dejó firmados varios documentos en los cuales queda clara la radicalización de la postura del gobierno encabezado por Donald Trump sobre los migrantes indocumentados, quienes a partir de este momento podrán ser deportados casi por cualquier pretexto.

Esto constituye un duro golpe para países como Guatemala, por los cientos de miles de emigrantes que residen en ese país de manera irregular y por ello deberán ahora tener muchas mayores precauciones, a causa de la diferencia que implica no referirse solamente a aquellos indocumentados que por cualquier causa puedan ser considerados delincuentes de alto riesgo.

Ahora, el universo de los deportables incluye a todos los migrantes que no cuentan con autorización para permanecer en Estados Unidos y no solo a los que fueran hallados culpables de algún delito. Eso significa que en esta nueva clasificación podrían ser incluidas personas que, por criterios subjetivos, parezcan sospechosas de haber cometido alguna falta o que hayan sido arrestadas por infracciones de tránsito.

De tal suerte, una de las misiones de Kelly durante su permanencia en Guatemala es informar al presidente Jimmy Morales de las nuevas disposiciones y demandar, como seguramente lo hará con las demás autoridades con las que sostendrá reuniones tanto aquí como en otros países, mayores controles para frenar el constante flujo de guatemaltecos que buscan ingresar a Estados Unidos.

Estas nuevas medidas, orientadas a endurecer las acciones contra los migrantes, en general, representan un portazo a quienes buscan salir de condiciones precarias de vida en sus países de origen. También abren una puerta a una auténtica pesadilla para millones de familias que ahora quedan en riesgo de separaciones intempestivas, con exceso de recursos policiales y con mucho menos miramiento hacia los indocumentados.

Puede que en el corto plazo este endurecimiento en las medidas no se traduzca en una debacle para Guatemala, pero sí deben emprenderse acciones inmediatas para el doble impacto que podría representar una deportación masiva. Por un lado, la carga podría ser enorme para Guatemala, con el solo incremento en el número de retornados, pero con toda seguridad tendrá serias implicaciones en el envío de remesas.

Las autoridades guatemaltecas debieron empezar hace muchos años a tomar medidas para contrarrestar ese flujo humano, pero al parecer todo esfuerzo ha sido insuficiente o poco convincente, en el caso de la diplomacia, pues no se explica por qué de las naciones del Triángulo Norte solo nuestro país no ha obtenido los beneficios otorgados al Estatuto de Protección Temporal.

El estudio presentado por la Organización Internacional para las Migraciones identifica entre las principales causas para migrar la falta de empleo, motivos económicos, reunificación familiar y violencia, lo cual es una guía por tomar en cuenta en la búsqueda de respuestas para atajar el problema, pero también para contrarrestar los tirones de orejas.