En apenas seis meses, el régimen de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha retrocedido el calendario hacia décadas que se creían superadas, específicamente hacia 1970, cuando un levantamiento popular derrumbó la última dictadura de la dinastía Somoza. Ahora, con un cambio de protagonistas, la historia se repite en Nicaragua.

Miles de nicaragüenses se han volcado a las calles durante los últimos meses y la única respuesta gubernamental ha sido mayor represión hasta llevarla a niveles intolerables, como usar francotiradores para disolver las manifestaciones, grupos paramilitares para vigilar a la población y someter a despiadados registros a los estudiantes de la universidad nacional, en un nuevo intento por contener la inconformidad.

Es claro que las muestras de repudio por parte de la población no terminarán y mucho menos se aplacarán ante la creciente escalada de medidas represivas por parte de los aparatos de seguridad de los tiranuelos, quienes cada vez caen en mayores muestras de desesperación y abusos en sus intentos por aferrarse al poder.

Nicaragua, junto a Venezuela y Guatemala, son los únicos países que han encendido las alarmas internacionales por los constantes abusos y una corrupción galopante, y si bien la situación que viven los nicaragüenses y la realidad guatemalteca aún no alcanzan el dramatismo de lo que afrontan los venezolanos, el deterioro de la región avanza a un ritmo acelerado.

Nicaragua ha escalado a velocidad de vértigo la descomposición de su institucionalidad porque la desesperación de los gobernantes ha provocado medidas de extremo abuso contra la población, y pese al uso desmedido de la fuerza, las protestas contra el régimen no cesan, lo cual hace temer medidas más radicales por parte de un gobierno que se hace insostenible, porque también acrecienta la vigilancia de la comunidad internacional.

El registro de más de 500 muertos por la represión gubernamental habla de la dimensión de un problema que además ya tiene serias repercusiones en los países vecinos, como ocurre en Costa Rica, donde miles de nicaragüenses han convertido incluso algunos parques en campamentos de refugiados, tal y como se observa con los miles de venezolanos que buscan refugio en los países del cono sur, llegando incluso hasta Argentina.

Los presidentes sudamericanos que han emprendido acciones en contra del gobernante venezolano, Nicolás Maduro, harían muy bien en integrar una plataforma diplomática de mayor peso para incluir a Nicaragua en la lista de preocupaciones regionales, porque mientras no se estreche el cerco sobre estos regímenes se corre el riesgo de que haya más víctimas y también de que los efectos colaterales causen estragos en la economía centroamericana.

Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió de que los tiranuelos nicaragüenses podrían declarar estado de Excepción o de Emergencia, lo cual eliminaría las garantías constitucionales y allanaría el camino al totalitarismo en el Istmo y a mayores abusos de la pareja gobernante, cuyo único objetivo es acallar las voces de descontento. Centroamérica pagará, una vez más, las consecuencias de un generalizado abuso de poder.