Desde hace algunas semanas se colocó en la agenda pública el caso de los bonos otorgados por entidades del Estado, que han generado una reacción de rechazo de un sector de la población que resiente el peso de la situación económica y considera que es injusto que trabajadores que perciben un salario, todavía se beneficien con ingresos extras.

El caso extremo fue el bono de cincuenta mil quetzales que recibió durante varios meses el Presidente Jimmy Morales, a quien la mayoría condenó por este hecho. Ese bono también lo reciben altos mandos del Ejército, que fueron criticados, aunque no con la furia que provocó esa ilegítima prestación otorgada al primer Mandatario, quien ante la detracción y la presión, reembolsó lo recibido.

Numerosas críticas se han hecho a esta modalidad de los bonos, unas han sido expresadas en los programas radiales y que algunos columnistas lo han abordado. Hay que tener presentes varios elementos y analizar los correctivos a esos excesos considerados por la ciudadanía, ante esos beneficios que son exclusivos de quienes tienen el privilegio de contar con un salario.

En primer lugar hay que partir que los derechos laborales son sagrados, no pueden ser afectados por disposiciones posteriores, eso es reconocido por la legislación y por todo el ordenamiento internacional. Históricamente, a los trabajadores les ha costado vidas conseguir un salario mínimo y condiciones de trabajo decorosas, que les permita tener una vida digna y de allí se origina el principio que el derecho laboral es tutelar de los trabajadores que están en una posición de desventaja ante los patronos.

En el caso de los trabajadores del Estado, que es justo reconocer que tal vez la mayoría no cuentan con una remuneración apropiada, a diferencia de otros que perciben mucho más por lo poco que hacen.

Nadie podrá negar que los médicos que laboran en el servicio público devengan salarios vergonzosos. Que sus servicios y los del personal de salud, además de ser indispensables, riesgosos y con alto contenido humano, requieren de conocimientos especializados y de una mística que no tienen otras profesiones. A ellos sería, en mi criterio, a los primeros que se debería considerar la revisión de sus salarios.

Mientras que otros, que son parte de una burocracia acomodada que no cumple con entusiasmo y eficacia su trabajo, gozan de altos ingresos por concepto de salarios.

Ratifico mi respeto a los derechos de los trabajadores, pero no estoy de acuerdo en que algunos sindicatos y patronos del Estado gasten festinadamente los recursos que son de toda la ciudadanía. Son muchas las formas de justificar esos sobre sueldos llamados bonos. El Tribunal Supremo Electoral llegó al extremo de premiar el trabajo que aún no se ha hecho.

La solución no es inventar bonos por inimaginables razones. Lo que realmente urge y requiere la atención debida es que se regule de manera equitativa y homogénea, a través de la Ley del Servicio Civil, los cargos públicos y los montos asignados. Debe dignificarse a los empleados y funcionarios públicos con salarios decorosos. Hacer carrera administrativa debe ser una aspiración de quienes laboran en el Estado.

Este es un tema de primer orden para el necesario fortalecimiento institucional del Estado. Los bonos son parches defectuosos que no resuelven las deficiencias que puedan existir en la remuneración de los empleados y funcionarios públicos, su otorgamiento sólo contribuye al rechazo de la ciudadanía y, por consiguiente, a la mayor deslegitimación de ellos. ¡Salarios decentes y equitativos, no bonos antojadizos y espurios!

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