La corrupción ha demostrado a lo largo y ancho de Latinoamérica no ser una práctica que distinga ideologías, y más bien se ha generalizado como una desvergonzada modalidad de saqueo de los recursos públicos desde diversos sectores políticos, sin distinción. El reparto de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht sigue estremeciendo los cimientos del poder político y económico.

En Brasil ya fue condenado a prisión el expresidente izquierdista Ignacio Lula da Silva, y a esa larga lista se suma el actual mandatario de Perú, Pedro Pablo Kuczynsky, quien también habría recibido sobornos de la constructora a través de empresas cercanas.

El pasado miércoles, la justicia ecuatoriana condenó a seis años de cárcel al actual vicepresidente Jorge Glas por haber recibido sobornos de Odebrecht, y ahora el actual presidente Lenín Moreno señala al expresidente Rafael Correa de haberse hecho de la vista gorda mientras la galopante corruptela carcomía las entrañas de muchas instituciones ecuatorianas.

A miles de kilómetros de distancia, la reacción de Correa es la que más nos acerca a la realidad guatemalteca, pues en su desesperación por contrarrestar el avance de la justicia ha declarado que “la judicialización de la política la estamos viendo en toda América Latina contra dirigentes progresistas”. Constituye el mismo discurso que se viene escuchando en Guatemala desde que se inició la lucha contra los corruptos.

Guatemala no es ajena a esas prácticas ni a esas denuncias, ni a ese caso, pero quizá lo más grave es que aquí perdura un modelo que se resiste a cambiar, y lejos de aprender las lecciones se insiste en acomodar un patrón con oscuros intereses. Pareciera que de poco ha servido la extraordinaria actividad desempeñada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desde el 2015, tras la llegada de Iván Velásquez.

La tosudez de quienes persisten en sostener ese vergonzoso modelo llega a extremos de no reparar en que su ultrajante impacto va más allá de la vulgar apropiación de dinero ajeno y tiene repercusiones en la proyección gubernamental y en miles de personas que se ven obligadas a abandonar su país con la intención de buscar oportunidades de desarrollo porque aquí se cierran muchas puertas.

La miopía política ha llegado a los extremos de pretender ignorar advertencias, protestas y exhortativas a enderezar el rumbo y más bien se acrecientan las maniobras por llevar a cargos de especial relevancia a personajes impresentables, con la única intención de desbaratar la lucha contra la corrupción y porque confían en que podrán incidir en importantes procesos que se avecinan, como el cambio de fiscal general.

Es ineludible reiterar que quien más ha dado muestras de ese empecinamiento es el presidente Jimmy Morales, quien vio frustrado su intento por expulsar al comisionado Velásquez, tras haber sido señalado de financiamiento ilegal de su campaña electoral, y esto se pudo acentuar posteriormente cuando se descubrió que recibía un injustificable bono con recursos de las Fuerzas Armadas, que tuvo que devolver pero que dibuja las condiciones para buscar un cambio de rumbo.