El sistema de justicia ha sido uno de los más cuestionados a causa de la integración de la Corte Suprema de Justicia y de muchas judicaturas que han estado entre las más denunciadas, como consecuencia de no encontrarse exentas del nefasto tráfico de influencias y de componendas tradicionales efectuadas a lo interno del Congreso de la República, el mayor elector.

Esa convicción alcanzó ribetes casi míticos y no se había podido obtener evidencias convincentes sobre el amaño en los procesos, pero sucedió ayer, con la sindicación directa por parte del Ministerio Público y la Cicig contra el abogado Roberto López Villatoro, señalado de haber tenido una ilegal e indebida participación activa para manipular la elección de magistrados en el Organismo Judicial.

Los señalamientos planteados por el comisionado Iván Velásquez desnudan una de las peores redes de tráfico de influencias en el país, pues desde hace muchos años se han denunciado manipulaciones para convertir en magistrados a personas susceptibles de favorecer con sus fallos a sectores específicos.

En esa búsqueda de favores también participaron diputados de las bancadas mayoritarias en el Congreso, representadas por diputados de los partidos Líder y Patriota, artífices de la elección de los 13 magistrados titulares y sus suplentes de la actual Corte Suprema de Justicia, una de las más señaladas y también sobre la cual han existido más demandas de depuración.

La sindicación contra López Villatoro, más conocido como el Rey del tenis, concretamente se refiere a la compra de un apartamento que le habría obsequiado al magistrado Eddy Orellana Donis, quien en su momento integró las comisiones de postulación desde las cuales se habría favorecido la elección de varios de los actuales magistrados. Esta denuncia ratifica los oscuros procedimientos empleados por diversos sectores para favorecer a figuras proclives a dictar fallos interesados.

Junto a la solicitud de antejuicio contra el magistrado Donis se presentó una contra la magistrada Blanca Stalling. El juez Carlos Ruano puso una denuncia porque ella habría tratado de presionarlo para que emitiera una resolución favorable a su hijo, Otto Molina Stalling, acusado de asociación ilícita por la supuesta manipulación de varios contratos para la adquisición de medicamentos para el IGSS.

Estos dos trámites de antejuicio contra dos magistrados y las denuncias y solicitud de arraigo en contra de López Villatoro ponen en clara perspectiva la gravedad del estado en que se encuentra el sistema guatemalteco de justicia, sobre el cual han existido numerosas quejas y peticiones de depuración, porque desde sus orígenes se cuestionó la idoneidad de sus integrantes.

Hoy, parece existir mayor fundamento para respaldar esas demandas y, en contraposición, lo único que cabría esperar son muestras de dignidad, primero por parte de los sindicados, y luego por el resto de integrantes, para sanear de esa manera a un organismo en franco deterioro, al que quizá solo puedan salvar acciones honestas y valerosas, alejadas de cualquier nexo con las mafias.