“A pesar de contar con las autorizaciones para su operación, el vertedero de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala no cuenta con especificaciones técnicas mínimas que permitan controlar los impactos ambientales asociados a la disposición y descomposición de los residuos. Carece, entre otros, de los siguientes elementos: zonas de aislamiento seguras contra las zonas pobladas; sistema de impermeabilización de fondo, para prevenir el flujo de lixiviados y gases hacia el subsuelo; sistema de captación, evacuación y tratamiento de lixiviados; cobertura diaria regular para la minimización de olores y control de vectores; adecuación morfológica y cobertura final apropiada en las zonas rellenadas; sistemas de monitoreo técnico y de estabilidad geotécnica. El vertedero se encuentra en la vertiente de un antiguo cuerpo de agua y dentro del perímetro urbano de la ciudad. La vida útil fue estimada para 11.1 años a partir de 1991, lo cual corrobora que se encuentra próximo a su clausura”.

Esta extensa cita, escrita allá por los años 2003-2004, proviene de un estudio que solicitara la Municipalidad de Guatemala a un consorcio de empresas colombo-españolas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de un minucioso diagnóstico, las más de 400 páginas contienen una propuesta muy comprehensiva y detallada de qué habría que hacer para modernizar el manejo del vertedero de la ciudad; formula además, escenarios alternativos para su traslado, sin perder de vista que el basurero es también el lugar donde muchísimos guatemaltecos se ganan el sustento para sus familias.

La propuesta no solo abordó los aspectos técnicos de todo el proceso, sino hizo estimaciones de costos de inversión, gastos funcionamiento y otros, sugiriendo además esquemas para financiar ese proceso, incluyendo la explotación del biogás que allí se genera. A decir de los muchos lectores que se comunicaron conmigo la semana pasada, pareciera que de todas las recomendaciones que se hicieron en dicho estudio, la única que se tomó fue la de explotar el gas metano para producir energía eléctrica. La idea era que la Municipalidad contara con recursos para financiar el cierre y traslado del basurero. Se estima que la energía que ya se genera allí ronda el megavatio, lo cual, traducido en quetzales, seguramente representa varios millones adicionales para el erario municipal, que deberían reflejarse en un mejor manejo de este basurero. Pero nada de esto ha pasado.

Entre las muchas recomendaciones que aportó ese estudio, y que no han sido implementadas, estaba la construcción de canales perimetrales para el agua de lluvia. Parece ser que no solo no se hicieron los canales, sino que, a raíz de los hundimientos ocurridos en la zona 6 y la zona 2, se desviaron parte de los flujos de los colectores primarios para desfogar las aguas negras en el riachuelo que atraviesa el basurero municipal. Estamos a la espera del informe del Ministerio Público sobre el desastre ocurrido.

Han transcurridos 12 años desde que se hizo este estudio. Una década desde que se superó el tiempo que se había estimado que el basurero de la zona 3 podía tener vida útil. Obviamente, la Muni ha tomado algunas medidas todo este tiempo, que han permitido prolongar un poco más allá su vida útil. Pero nunca aquellas que pudieron haber transformado de fondo este problema.

Es hora de que la Municipalidad de Guatemala nos rinda cuentas públicas al respecto, así como sobre los recursos generados por la venta de energía producida a partir de la basura y el destino que se le ha dado a ese dinero. ¡Tiene usted la palabra, alcalde Arzú!

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