Todavía no se han conocido con suficientes detalles los alcances que tendrá en el corto plazo la degradación del Aeropuerto Internacional La Aurora, aunque internamente el primer impacto debe ser visto como una depreciación de su valor, si esto tuviera que verse en términos económicos o de una potencial negociación sobre la administración de sus instalaciones.

Durante la presidencia de Álvaro Arzú se produjo la mayor ola privatizadora del país y muchos bienes fueron prácticamente rematados mediante oscuros procedimientos, con lo que el país perdió una valiosa fuente de recursos, con el argumento de la inutilidad de la administración pública. Esto es parcialmente cierto porque eso aplica solo para países como Guatemala, pero en otros el Estado ha sido un aceptable administrador de los recursos públicos.

En este país, en el caso de la principal terminal aérea, se habla de una eventual concesión con la alianza público-privada Anadie, que podría convertirse en la receptora de ese proceso, a pesar de que no tiene experiencia alguna en el manejo de aeropuertos y de hecho en ninguna otra área. Esto convierte esa posibilidad en una prueba más de negocios efectuados por compadrazgo o cualquier otra razón no técnica.

El primer criterio que debería prevalecer entre las actuales autoridades es que ese aeropuerto no debe ser privatizado ni intervenido, y que cuando se compruebe la necesidad de eso no se haga con una entidad en la cual uno de los funcionarios de más alto rango de este gobierno tiene claras vinculaciones. El olor a conflicto de intereses es fuerte, como ya ocurre con la privatización de carreteras principales de Guatemala.

Las alianzas público-privadas han tenido un relativo éxito en naciones desarrolladas, donde la legislación es estricta y la justicia certera, lo que garantiza a los ciudadanos un manejo responsable de sus bienes, pero eso no ocurre en Guatemala, donde se puede llegar a extremos de acomodar normativas y concesionar bienes por amistad, aunque las apariencias sean guardadas bien o de manera burda.

El Banco Mundial incluso considera que en este tipo de alianzas existen más riesgos que beneficios para los países, y estas posibilidades aumentan en regiones donde las instituciones son débiles, como el caso de Guatemala. Uno de esos riesgos es que los procesos se vuelven más onerosos, porque casi siempre los costos se cargan a las cuentas del Estado y cuando por parte del sector público no existe opción de discernimiento, la balanza se inclina solamente hacia un lado.

Cuando un Estado es incapaz de brindar certeza jurídica, cualquier negociación avanza de manera tambaleante, como ocurrió en Guatemala con la privatización de la telefónica nacional, que incluso pudo haber sido sujeta de extorsión cuando cambió el gobierno, porque las nuevas autoridades incluso amenazaron con declarar lesivas esas negociaciones.

Es justificado entonces pedir prudencia sobre cualquier consideración respecto del aeropuerto La Aurora, y esto empieza por la designación de gente capaz, que asuma con responsabilidad la tarea de administrar una entidad que tiene garantizados sus ingresos, pero que además requiere de gente muy preparada para su administración, por ser una de las tareas más complejas.