Tomó 17 meses de persistencia de los vecinos; primero, acampando en la Quinta Avenida hasta que fuera suspendido el paso al transporte pesado mientras no se asfaltara; insistiendo hasta que, finalmente, la comuna programó los trabajos de asfaltado de 300 de los 500 metros que están pendientes hace mucho tiempo en esa avenida clave de Puerto Barrios.

Hace un mes, aproximadamente, el alcalde, según consta en acta del Cocode, informó que asfaltar los 300 metros que están en peor estado costaría unos 5.5 millones de quetzales y que estos serían aportados por la Municipalidad. (Seguramente es asfalto reforzado con titanio, de altísima durabilidad) Días más tarde, la Municipalidad convocó de nuevo a los presidentes de Cocode a reunión urgente, para el día siguiente, a las 8 de la mañana. ¿Se imagina usted, pedir permiso de repente en su trabajo para asistir a una reunión del Cocode en horario laboral? Por si fuera poco, ese día, por alguna razón, en la lista no estaban todos los presidentes de Cocode, aunque supuestamente se había invitado a todos.

Se informó que la reparación de la Quinta Avenida ya se había iniciado. ¡Buena noticia!, aunque no deja de llamar la atención tan súbita eficiencia en el arranque de una obra, luego de año y medio de inacción. Luego, enterarse de que el financiamiento ya no sería municipal, sino de una importante empresa local, sin que nada de ello fuera previamente discutido con los Cocodes involucrados. Tampoco se les dio razón acerca de los contenidos de la negociación con la empresa para que financiara la obra. ¿Quién autorizó dicho cambio en la fuente de financiamiento, cuando en el acta constaba que lo iba a financiar la Municipalidad?

Algunos llaman “malagradecidos” a vecinos que se preocupan porque no haya opacidad en la gestión pública. —¿Qué importa, si paga la empresa?—, dicen algunos. Pues sí, sí importa, especialmente si hay antecedentes: cuando la misma empresa financió el asfalto de otra calle importante de Puerto Barrios, se obviaron elementos que son fundamentales para la movilidad segura y salubre de los vecinos: 1. no hay aceras, las personas caminan bajo su propio riesgo en una calle de alto tráfico y de doble vía; 2. los quineles —para el desfogue de las aguas pluviales— no están cubiertos y el agua se estanca, generando riesgos a la salud (zika, dengue, chinkungunya, etc). Solo el vecino que puede tapa el drenaje frente a su casa. El que no, lo brinca. 3. Por si fuera poco, la calle quedó más alta que las viviendas, con lo que se incrementa el riesgo de inundaciones.

Tal vez los Cocodes que luchan por estas cosas no son “malagradecidos”, como los quieren hacer parecer algunos. Aparte de velar por la transparencia, es evidente que quieren evitar que se repita esa historia de mal diseño vial en la Quinta Avenida o en cualquier otra calle de Puerto Barrios. Pero, ¿cómo hacerlo si el alcalde procede por su cuenta? ¿Cómo incidir para que la empresa no piense únicamente en las necesidades de sus vehículos, sino en la de los vecinos también?

Este es un buen ejemplo de cómo la participación en las decisiones, conforme lo demanda el Sistema de Consejos de Desarrollo, termina no siendo tal. Lamentablemente, es una práctica muy frecuente a la que Segeplán y el Minfin deberían ponerle más atención. En la vida real, si los Cocodes, los consejos municipales —Comudes— y los Departamentales —Codedes— no avalan las disposiciones y negociaciones que hacen los alcaldes, se pueden quedar sin la obra. Por eso, muchos se resignan al “peor es no tener nada”, y se pervierte la finalidad del sistema de participación ciudadana.

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