A estas alturas del recorrido del actual gobierno se ha hecho palpable que Guatemala atraviesa por uno de sus peores momentos, por falta de liderazgo y por improvisación. Lo más preocupante es que el desbarajuste se ha extendido a otros órganos importantes de poder dentro del Estado.

La Corte Suprema de Justicia es uno de esos casos, al extralimitarse en sus funciones y emitir resoluciones sorpresivas, por no decir absurdas, como la del pasado martes, cuando rechazó una acción del procurador de Derechos Humanos y ordenó al Ministerio Público que investigue lo actuado por el magistrado de conciencia, quien se pronunció ante el abuso del sistema judicial consistente en la prolongada prisión preventiva en un caso de privación de libertad, aunque son numerosos ciudadanos quienes enfrentan ese oprobio.

Como se sabe, las decisiones de la PDH son de conciencia, no legales. Se refieren a aspectos diversos que caen en la ética, es decir en la corrección o incorrección. Puede ser que el caso de una decisión legalmente correcta merezca una revisión. Por ello no es posible justificar una investigación del MP, cuyo campo de acción se circunscribe precisamente a la legalidad, pero ante denuncias concretas y por órdenes de otra institución.

Llama la atención que los magistrados titulares no se atrevieran a asumir la responsabilidad y dejaran en manos de un grupo de suplentes encarar el costo político, porque lo planteado por el PDH se enmarca en sus atribuciones. En cambio, es mucho más preocupante la posibilidad de un abuso de poder de parte de quienes integran la Corte Suprema de Justicia, también por el desconocimiento de las tareas de cada entidad.

Es peligroso que se abuse de la alta investidura de los cargos públicos, porque se corre el riesgo de vulnerar derechos esenciales y se puede dañar a la institucionalidad, tal y como se percibe en varias acciones emprendidas por las máximas figuras del Ejecutivo. La investigación solicitada debe ser cuidadosamente analizada, para no incurrir en males mayores y no generar mayor incertidumbre en un país agobiado por la corrupción, la improvisación y las arbitrariedades generalizadas.

Funcionarios claves, como el ministro de Gobernación, también están obligados a explicar decisiones que han sido cuestionadas por algunos sectores de la comunidad política, pues acusaciones como las dirigidas contra las autoridades del Interior, por los frecuentes cambios en las filas de la Policía Nacional Civil, se prestan a otras interpretaciones cuando no se tiene la suficiente información sobre esos relevos, y evidentemente le hacen profundo daño a la institucionalidad trabajosamente construida por varios años.

La falta de explicaciones de funcionarios como el ministro de Gobernación acrecienta la percepción de que se podría estar actuando sin comunicarse con sus superiores, lo que hace más preocupante el manipuleo de un órgano de seguridad ciudadana tan importante como es la PNC. Cuando se tiene una visión de conjunto del actual gobierno, su realidad y de otros órganos de poder, no cabe sino la exigencia de mayor responsabilidad de parte de quienes toman decisiones al frente de importantes instituciones.