La historia nos enseña que las dictaduras se enfrentan exitosamente a través de diversos “caminos” simultáneos, que no son excluyentes sino complementarios. En otras palabras, que tienden a reforzarse mutuamente. Además, la historia también nos dice que no hay transición de un gobierno autoritario a uno democrático que no  pase por una negociación, a menos que sea por una intervención militar extranjera y un golpe de Estado exitosos o una guerra civil con un claro vencedor. Hubo negociaciones en las transiciones hacia la democracia en Polonia, Chile, España, Filipinas, Indonesia, Nicaragua y  Suráfrica, entre otros. En los dos últimos casos, las negociaciones se dieron mientras había un conflicto armado interno entre los gobiernos De Klerk y Ortega, por una parte  y las guerrillas del African National Congress de Mandela y de la “Contra”, por la otra. También en El Salvador, Guatemala y más recientemente en Colombia, las negociaciones de paz coincidieron con la continuación del enfrentamiento armado, solo hacia el final de esos procesos se acordaron ceses del fuego. Por tanto los “caminos” son de diverso tipo y tienden a ser implementados al mismo tiempo y se dividen en  presiones nacionales e  internacionales. Las nacionales incluyen protestas pacíficas y no violentas, alrededor o no de movilizaciones electorales, los ya mencionados conflictos armados y obviamente los diversos tipos de golpes de Estado militares. Entre las  presiones internacionales podemos mencionar las diplomáticas, las sanciones individuales, financieras y comerciales, el apoyo financiero y logístico a las guerrillas internas, como en el caso de la Contra en Nicaragua, el apoyo discreto a un golpe de Estado y la intervención militar directa, como pasó en  la caída de la “narcodictadura” de Manuel Noriega en Panamá.

En Venezuela, las presiones internacionales se están incrementando, ya no son solo diplomáticas y contra individuos del régimen y sus familiares. Las sanciones ya están afectando la ya debilitada capacidad financiera del régimen. Son sanciones planificadas e implementadas de forma gradual precisamente con el objetivo de presionar al Gobierno para que acepte negociar una salida constitucional, pacífica y electoral al conflicto político y a la pavorosa crisis humanitaria que vive el país.

En efecto, es preciso subrayar que los gobiernos democráticos, cuyo apoyo es indispensable para la oposición, siempre van a optar, como primera alternativa, por la salida negociada, y por eso la oposición no podía rechazar las negociaciones en República Dominicana, que están apoyadas por los gobiernos de EE. UU., la UE, el Grupo de Lima y el Vaticano. Ahora el Gobierno, “pateando la mesa” ha convocado a unas elecciones atropelladas sin ninguna de las garantías necesarias para cualquier elección democrática. La comunidad internacional democrática ha declarado que las elecciones, en esas condiciones, son inaceptables y serán desconocidas. América Latina debe seguir el ejemplo de la Unión Europea, Canadá y los EE. UU., e iniciar un proceso de sanciones graduales pero amplias y cada vez más intensas contra la dictadura de Maduro. La generalizada y creciente devastación de todo el sistema socioeconómico del país, por la ineptitud, corrupción y las” ideas “muertas” del régimen, debilita crecientemente la estabilidad del Gobierno. Vienen tiempos muy duros en Venezuela, pero también se perciben “vientos de cambio”.