Hubo un tiempo durante el cual el irrespeto a los derechos humanos se determinaba por los abusos y las atrocidades que cometían las fuerzas del Estado, principalmente durante los regímenes militares y aún en aquellos que no pudieron o no quisieron demandar un mínimo de prudencia de los bandos enfrascados en un conflicto absurdo.

Esa etapa ha sido superada en buena medida, salvo las secuelas sobre miles de víctimas. Sin embargo, hoy existen otros dramas con múltiples facetas y el abuso hacia las garantías elementales sigue presente, aunque ahora el irrespeto a la vida se desarrolla en otra narrativa.

Durante su última conferencia de prensa, el saliente procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, afirmó que deja el cargo con una profunda preocupación por la persistente violación a los derechos esenciales, principalmente en lo relativo a la miseria y la pobreza que afecta a grandes sectores, ante lo cual se hace patente la debilidad del Estado para responder a esas asimetrías.

“Duele la violencia de todos los días”, afirmó el procurador a los periodistas, y aunque cada día se escribe una tragedia, esto afecta sobre todo a quienes viven en la capital y otros dos o tres centros urbanos, mientras que la lacerante pobreza amenaza la vida y el crecimiento de millones de guatemaltecos, cuyo destino queda marcado, ante lo cual se vuelve reiterativa la incapacidad del Estado.

En algún momento de nuestro pasado reciente, el tema predominante era la violencia política, luego se le dio paso a la denuncia por las precarias condiciones de vida de más de ocho millones de guatemaltecos y ahora se ha generalizado el clamor por el cese de la violencia, pero tampoco se encuentra respuesta.

Más recientemente el problema que cobró más auge, también por su enorme capacidad de causar daño, fue la corrupción, no porque fuera una novedad, sino porque por primera vez se denunciaba con mayor amplitud y, sobre todo, porque empezaron las capturas de poderosas figuras de la política e integrantes de los tres poderes del Estado, todo lo cual ha contribuido a un generalizado irrespeto a derechos fundamentales y a la erosión de la institucionalidad.

Muchas de esas falencias persisten porque los políticos han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones y ninguno de los gobernantes de la era democrática puede presumir de haber reducido de manera sustancial los índices negativos sobre los aspectos más cruciales para alcanzar el desarrollo.

En ese marco concluye hoy el mandato del procurador, quien cumplió con un papel bastante discreto, quizá porque persisten poderosos grupos detrás de las estructuras gubernamentales capaces de ejercer presión para mantener un silencio cómplice con muchos de los rezagos.

Con ese panorama sombrío se inicia la gestión del recién designado para el cargo, Jordán Rodas Andrade, quien como primera tarea debe romper los lazos con quienes tampoco han hecho algo significativo para cambiar ese estado de cosas. Luego le corresponde ser fiel a su cargo, el cual poco tiene que ver con tolerar más corrupción o clientelismo y mucho menos con permitir acciones que van en detrimento de la población.