Desde que la lucha contra la corrupción empezó de manera frontal, seria y despojada de eufemismos, pocas han sido las semanas en las cuales no se han registrado zarpazos de la justicia en contra de estructuras mafiosas incrustadas en el Estado y resultan inconcebibles las cifras de funcionarios vinculados con casos de pillaje en el sector público.

Ayer se produjeron nuevas capturas en un caso conocido como Blindados, ocurrido en los años 2014-2015, y al menos ocho personas fueron detenidas por su presunta participación en el alquiler irregular de vehículos blindados para el Ministerio de Gobernación, para lo cual no se cumplieron los procedimientos debidos. Por esos hechos ya está vinculado a proceso el exministro Mauricio López Bonilla, quien además guarda prisión por otros posibles actos delictivos.

Sobre muchos de los procedimientos irregulares denunciados oportunamente durante la administración patriotista, siempre el aparato gubernamental se encargaba de buscar desmentir las versiones periodísticas, muchas de las cuales se ratifican ahora y seguramente habrá muchos otros casos que se conocerán durante los próximos meses.

Igual ocurre en la actualidad cuando se critica el abuso de poder y el gasto excesivo en que incurre el Gobierno central y muchas autoridades locales, noticias que, como ayer, se trata de descalificar, aunque cada vez es más claro que solamente es cuestión de tiempo para que caiga el muro de fantasía.

El falseamiento de procesos de licitación ha sido una constante durante los últimos gobiernos en demasiadas dependencias, en las cuales se producen eventos amañados para favorecer a gente cercana a funcionarios o diputados. Eso es parte de lo ocurrido con las capturas llevadas a cabo ayer, las cuales además involucran a exfuncionarios, exasesores y gente que ocupaba cargos de mucha relevancia durante la gestión de López Bonilla al frente del Ministerio de Gobernación.

Ese es el caso de Ana Patricia Monge Cabrera, madre del actual director general de Aeronáutica Civil y una de las capturadas ayer, quien fungió en el anterior gobierno como directora general de la Oficina de Servicios de Seguridad Privada, un ente sensible a la corrupción y al descontrol, ante el abuso de muchos de quienes operan al margen de la ley con cuerpos privados de seguridad, algo que en el fondo también ha estado cargado de riesgos.

Por este caso también están procesados y en prisión el exministro López Bonilla, el exviceministro administrativo Manfredo Vinicio Pacheco y el exdirector de la Policía Nacional Civil Wálter René Vásquez Cerón, lo que reitera la vulnerabilidad en que se encuentra la institucionalidad en el país, ante el constante riesgo de que altos cuadros de oficinas públicas utilicen su elevada posición para el pillaje.

Esa enumeración de cargos y hechos irregulares constituye uno de los más tristes testimonios de cómo se ha conducido la mayoría de funcionarios e igualmente preocupante es que sobre ese inmoral proceder exista muy poco reclamo por parte de más amplios sectores del país, pues hasta ahora sigue siendo un grupo reducido el que ha asumido la tarea de la denuncia y la demanda por un cambio.