A pesar de que Guatemala tiene una de las cargas impositivas más bajas del mundo, en la administración 2012-15 la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) proveyó, producto de la corrupción, de inconmensurable riqueza al presidente y la vicepresidenta del país, junto a un sinnúmero de otros funcionarios y mandaderos.

Para 2017 el Ministerio de Finanzas prevé el presupuesto general de gastos en Q79 mil 300 millones; o sea Q8 mil 500 millones más que el actual. Por su parte, la SAT proyecta un incremento de ingresos fiscales del orden de los Q4 mil millones, lo que implica que para cubrir el incremento del presupuesto previsto habrá de recurrirse, una vez más, a la deuda pública.

Por declaraciones del Superintendente se sabe que hay infinidad de individuos y empresas que no tributan, lo mismo que cantidad de procesos judiciales pendientes de resolver pago de impuestos atrasados y sus correspondientes multas. Una de las metas de la actual administración es hacer eficiente la recaudación tributaria. ¿No resolvería eso en parte la solvencia presupuestaria?

Sin embargo, me parece que el problema no está en tener más dinero para satisfacer lo previsto, sino hacer que el Estado funcione. Para eso se requiere de una reingeniería de acuerdo a lo que el equipo de trabajo espera de su actuar administrativo. En otras palabras, el presidente Jimmy Morales tiene la oportunidad de replantear la tarea del Estado, demostrando que aquello de ¡Ni corrupto ni ladrón! fue la divisa de un plan de trabajo, más que una consigna política.

La reingeniería sugerida puede empezar por evaluar la estructura administrativa del Estado, incluyendo instituciones onerosas que a todas luces no cumplen su función, eliminándolas por inútiles. Así mismo, fortalecer los ministerios, haciéndolos operativos, nombrando a ciudadanos preparados, honestos y honorables, de esos que Guatemala tiene en abundancia. El Ejército, por ejemplo, debe constituir una fuerza dependiente del poder civil destinado exclusivamente a defender la soberanía y la integridad del territorio nacional. Para su funcionamiento destina el 92.35% de su presupuesto, que ya es enorme.

Entre las instituciones que no sirven para nada y que representan una carga para el país está Amsa, la Autoridad del Lago de Amatitlán, que luego de 20 años no ha hecho más que cuantificar las 10 mil toneladas de basura recolectadas hasta ahora, prever que para el presente año “caerán otras 75” y gastar en seguridad el 0.03% de su presupuesto anual, que es de Q25 millones.

También están las creadas con el pretexto de la ineficiencia del Estado, y han resultado tan improductivas como aquel: Pronacom y su satélite Anadie, entre otras. Estas han ejecutado sus presupuestos en propiciar encuentros, estudios y proyectos donde prevalece la utopía y la sinrazón. Tienen el agravante de integrar en su directorio a empresarios, asumiendo que las asociaciones público-privadas serán eficientes, y se ha demostrado que no es así.

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