Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para finales de 2016, aproximadamente 65.6 millones de personas en todo el mundo se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución. Entre ellas, hay casi 22.5 millones de refugiados. En el caso particular de las Américas, en los últimos cinco años el número de personas solicitantes de asilo ha crecido en un 782 por ciento. En efecto, para 2014, los países de la región acogían, entre refugiados, personas en situación similar y solicitantes de asilo a más de un millón de personas. De ellas, más de la mitad provenían de países de las Américas. Puesto en perspectiva, es como si la ciudad de Ottawa, capital de Canadá, en su totalidad hubiera solicitado asilo.

Por su naturaleza, el fenómeno amerita un abordaje colectivo, y con enfoque de responsabilidad compartida. Esto no es nuevo para los países de las Américas. Además de una larga tradición de respeto y observancia de los derechos humanos, sin negar los retos que esto ha implicado, y los avances y retrocesos a lo largo del camino, nuestra región tiene una larga trayectoria de integración y de promoción de cooperación entre países.

En este marco, y para atender el fenómeno del desplazamiento forzado, recientemente, en San Pedro Sula, Honduras, Acnur, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros socios clave, incluidos varios países de la región, acordaron organizar los esfuerzos nacionales y regionales alrededor del llamado Marco Integral para la Protección y Soluciones (Mirps). El Mirps establece una serie de propuestas alineadas con el espíritu de la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (2016), y entre otros objetivos enfocados por supuesto en mejorar las condiciones y proteger los derechos de las personas desplazadas, priorizan la necesidad de fortalecer los mecanismos de responsabilidad compartida entre los actores estatales y no estatales, y de priorizar en la agenda de cooperación bilateral y multilateral los programas en materia de prevención, protección y soluciones para estas personas en la región.

Además de reiterar el mandato a Acnur, la Declaración de San Pedro Sula da un mandato a la OEA para dar seguimiento a los progresos alcanzados a nivel nacional y regional en la implementación del Mirps, a través de una reunión anual, requiriendo al Acnur el apoyo y asistencia técnica durante el proceso.

Dado el innegable hecho de que los flujos de personas continúan en aumento en la región con particulares incrementos desde países del llamado Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) o de Venezuela, donde se están registrando altísimos niveles de personas saliendo del país, la discusión sobre los temas de migrantes y refugiados, y en particular, garantizar condiciones de dignidad y respeto de sus derechos humanos en su tránsito desde los países de origen hasta los de acogida, continuará estando en la agenda de discusión política de la región. Como foro político por excelencia de la región, y por reunir en un espacio a todos los países que hacen parte de este hemisferio, incluyendo por supuesto países de origen, tránsito, destino y retorno, de la mano de Acnur, la OEA es la mejor posicionada para promover acciones desde un enfoque de responsabilidad compartida, y debe hacerlo de forma ágil y efectiva. Esto porque la cuestión de los refugiados no es un mero problema estadístico, es un drama humanitario frente al que no podemos ser ni silentes ni indiferentes. Cada minuto cuenta.

Los puntos de vista son a título personal. No representan la posición de la OEA.

 @BeticaMunozPogo