En toda discusión, pero en particular en una tan importante como las reformas a la Constitución —que por definición nos afectarán a todos durante quién sabe cuánto tiempo—, es de esperar que surjan todo tipo de argumentos, desde los más mesurados hasta los más incoherentes y estrafalarios. Lo importante es que, bajo toda la animosidad de la situación, el sistema mejore, en lugar de empeorar. A este respecto tengo mis serias dudas con algunas de las reformas actualmente en discusión.

Como marco de referencia para el análisis, a mí me gusta parafrasear “la lección de economía” planteada por Henry Hazlitt de esta manera: “Para analizar una política pública, se deben considerar sus efectos más remotos y no meramente sus consecuencias inmediatas; y ponderar las repercusiones de tal política no solo sobre un grupo, sino sobre todas las personas”.

Esta consideración es de vital importancia porque normalmente uno tiende a enfocarse en el problema a mano y pocas veces se consideran las repercusiones a largo plazo y sobre todas las demás personas que las posibles soluciones puedan tener.

La discusión actual se ha centrado en la elección de los jueces, atribuyendo al actual sistema de selección casi todas las culpas de la situación actual. Creyendo que esa es la causa de los problemas, lo que se ha planteado es un cambio a ese sistema de selección.

Pero hay que ir más a la raíz del problema. Una parte del problema es el tiempo que los jueces y magistrados están en su cargo, tema que ya se trató en la reforma al artículo 208, aunque esta no fue tan categórica como debiera haber sido. Por lo menos se quitó el período de cinco años, que era el problema principal, no solo para la independencia de los jueces, sino también para el proceso de selección, al hacer que todos los jueces y magistrados debiesen ser electos en simultáneo.

Este solo cambio era suficiente para mejorar considerablemente no solo el proceso de selección, sino también el trabajo de los jueces. Sin embargo, quienes propusieron los cambios consideran que se debe ir todavía más lejos y cambiar todo el proceso de selección, y esto es un gran error.

Entiendo que vean al proceso actual como un proceso corrupto y corruptible, pero el problema es que están viendo los síntomas y no las causas. Argumentan que el sistema está “copado”, pero la propuesta para cambiarlo no solo no resuelve ese problema, sino que lo empeora, ya que el sistema propuesto es todavía más susceptible y fácil de ser “copado”.

Por si eso no fuera suficiente, la solución propuesta debilita considerablemente el sistema republicano de pesos y contrapesos, cuya razón de ser es evitar que una persona o grupo de personas pueda concentrar todo el poder —o buena parte de él—. Que el sistema actual no ha funcionado, argumentan. Probablemente, pero ¿es la causa el proceso de selección de jueces? No, el problema viene de más atrás y si queremos que el sistema cambie lo que se debe hacer es ir a las raíces y no tratar de cambiar alguno de sus efectos.

En este sentido, el problema principal está en la elección de diputados en el Congreso y no en el proceso de comisiones de postulación. Y algunas de las reformas que se han hecho a la Ley Electoral empeoran el problema en lugar de solucionarlo. El proceso debe encaminarse hacia una elección directa de los diputados en lugar de concentrar el poder en los “dueños” de los partidos. Mientras esto no se cambie, el problema persistirá, y no solo afecta la selección de jueces y magistrados, nos afecta en muchos otros ámbitos. Y para ello no se necesita una reforma constitucional, o por lo menos no esta.

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