Guatemala pasa por un momento fundamental para hacer las reformas necesarias para que el país pueda progresar, tanto como modelo democrático como en su desarrollo económico social y salir del estancamiento en el que se encuentra. De las reformas necesarias, tres le dan al Gobierno la posibilidad de promover la modernización: a. La reforma a la LEPP, que se ha venido discutiendo por los dos últimos años y que tuvo un proyecto de ley importante en el Congreso que fue aprobado, pero el presidente de la República no quiso sancionar, pues insistió en que le hacían falta más cambios. Habiendo convocado a la sociedad civil a un diálogo con el Ejecutivo, se ha elaborado una nueva propuesta que incluso eleva las características democráticas que necesita el proceso electoral, incluyendo la democratización de los partidos mismos, así como el empadronamiento automático al tramitar el DPI, que viene a resolver un gran vacío del padrón electoral en cuanto al subregistro de ciudadanos e igual participación de hombres, mujeres y comunidades indígenas. Un tema de mayor importancia es la creación de partidos distritales, pues viene a facilitar la participación ciudadana y la actividad política de todos, y es un fenómeno ampliamente reconocido en el mundo democrático. Es importante también consolidar la autoridad del TSE y que aunque no controle el padrón siga manteniendo su hegemonía como autoridad superior en todo lo relacionado con el proceso electoral y el quehacer político. b. La reforma a la Ley de Telecomunicaciones, pues esta adolece de graves debilidades y anacronismos. Para empezar, el órgano regulador de telecomunicaciones, o de servicios audiovisuales, que es la SIT, deberá ser absolutamente autónomo del Estado, con integración multisectorial y no como en la actualidad, que a pesar del nombre es realmente una dirección general del Ministerio de Comunicaciones, lo cual viola todos los principios internacionales de regulación de telecomunicaciones a escala internacional. En la actual coyuntura política del país, en la cual el MP y la Cicig han iniciado acciones penales contra el monopolio de la televisión y cadenas de radio conexas por apoyo ilícito al proceso electoral, es el momento oportuno para que la PGN busque la lesividad de los contratos de concesión de las licencias al monopolio, así como a cadenas radiales que dieron ese apoyo político ilegal, y esto genere el ambiente propicio para que el Congreso pueda emitir una nueva Ley de Telecomunicaciones o Servicios Audiovisuales, en la cual se pueda plasmar el principio de diversidad y pluralismo en los medios de comunicación, esencial para una sociedad democrática. Esto implicaría el reconocimiento de los medios comunitarios o medios indígenas de comunicación en igualdad de condiciones que los medios comerciales, así como el fortalecimiento de los medios públicos de comunicación para servicios educativos y sociales, incluyendo el canal de las lenguas mayas.

c.El tercer tema es la reforma al IGSS, que está en crisis por la falta de pago de la cuota patronal por parte del Estado en las últimas décadas, que asciende a Q31 mil millones, y por la manipulación política que hiciera a la institución el gobierno anterior, tratándolo como un botín.

Con la pretensión de que se privatice el Seguro Social exonerarían al Estado de su deuda y se apropiarían de los activos del IGSS. No podemos permitir que el Estado siga impune en su deuda y el Seguro Social siga deficiente en sus servicios. Tampoco desbemos permitir que las reivindicaciones de la Revolución del 44 sean burladas.