El 31 de octubre salió publicado el decreto 18-2017 con las modificaciones al Código de Comercio. Es impresionante escuchar las quejas de falta de certeza a la inversión y la obligada apertura al siglo 21 y confrontarlas con el “logro legislativo”. Las reformas al código —con 47 años de edad— giran sobre: a) hacer más fácil la constitución y funcionamiento de una sociedad anónima; b) establecer medios electrónicos para la agilidad del Registro Mercantil; y c) modificar lo concerniente al Recurso de Casación en materia mercantil —lo cual es un horror.

Es posible que todos estamos de acuerdo en que se necesita facilitar la inscripción de una sociedad anónima, pero que no se haya aprovechado la ocasión para modernizar a la vez los otros tipos de comerciantes sociales nos dibuja de cuerpo entero. Como en nuestro país la sociedad anónima se utiliza para todo, solo a ella se le pone atención, cuando es urgente dotar a la legislación de mejores herramientas para que los emprendedores que carecen de capital, pero tienen los conocimientos, se organicen y queden amparados.

La sociedad anónima es una sociedad de capital, manda en ella quien tiene más plata e invirtió en ella más dinero. Hay otros tipos de sociedades que valoran y materializan los esfuerzos industriales que una persona puede hacer para gestionar el éxito de una empresa. En un país donde el gobierno todos los días dice la cantaleta de que debe “formalizarse” la economía porque hay mucha informalidad, vemos que es un discursito del diente al labio. El emprendedor no tiene ninguna protección con las reformas, porque para que tenga éxito su idea siempre se le condicionará a una forma de organización mercantil donde quien más plata tiene manda, y listo. Seguirá ese emprendedor en la informalidad.

El Registro Mercantil debe ser más moderno y brindar mejor servicio, pero que con unos parches para la informatización de las inscripciones evitaremos las estafas que se han dado, como por ejemplo con nombramientos falsos o alterados que hayan permitido el despojo de propiedades, hay un gran trecho. El tema es de fondo y si tanto se habla de seguridad jurídica hay que hablar de todos los registros. Ya es hora de tocar temas estructurales y no dejar escapar oportunidades.

Para cobrar las tarjetas de crédito a sus clientes les presentan lo que se denominan “juicios sumarios”. En estos juicios se cobran los saldos a los cuales se les encaraman intereses abusivos. Estos procesos se ventilan en dos instancias y luego podían ser conocidos por la Corte Suprema por la vía del Recurso de Casación. Ahora los nenecos retiraron en beneficio de esos abusadores con tacuche de banco el recurso de casación para esta clase de juicios y los deja solo para los que ronden arriba de 400 mil quetzales, así que el ciudadano de a pie, fregado, porque de un plumazo lo dejaron sin una herramienta para enfrentarse al poder financiero bancario.

Se habla de fomentar a los emprendedores, pero es mentira —populismo—, ni una coma hay para quienes tienen ideas y no plata. Se habla de seguridad jurídica, pero ni una muestra de interés para tocar el meollo del problema registral y se deja al usuario del crédito sin un recurso en el cual podía batallar para bajar los draconianos intereses que cobran ciertos usureros con patente.

Por supuesto, ni hablar de contratación electrónica o de establecer nuevos contratos mercantiles que existen en todo el mundo, porque acá la mediocridad reina y los derechos se pisotean. Además, ninguna de esas reformas contiene un solo aliciente para inversionistas extranjeros o nacionales. Que no nos engañen.

@Alex_balsells