Durante varias semanas diferentes sectores de la población nos reunimos para discutir y opinar sobre las posibles reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, debido a la diversidad de ideologías e intereses en casi ninguna de las reformas hubo consensos y la mayor sorpresa fue la propuesta de reformas que dimanó de la Mesa Técnica, propuesta, que por lo que me enteré por miembros de diferentes mesas, ni se parecía a lo que se acordó, sencillamente nos damos cuenta que las reformas ya estaban escritas y las opiniones de los representantes que en cada mesa dieron sus opiniones no fueron tomadas en cuenta.

Los cambios propuestos entran en conflicto con artículos pétreos de la Constitución actual como es el caso del Artículo 4 que dice en la primera parte: “En Guatemala todos los seres humanos son libres en igualdad y derechos”.

Las reformas hacen una separación al reconocer que deben de haber dos clases de derecho, pero ese otro derecho no establece homogeneidad para las diferentes culturas y costumbres, dejando la aplicación de un derecho paralelo arbitrario y sin competencias.

Cuando vemos quienes vociferan a favor de las reformas, nos damos cuenta que allí están, los que usurpan la propiedad privada, los que destrozan el patrimonio nacional, los que se oponen al desarrollo en cualquiera de sus formas, los que promueven las movilizaciones que causan enormes daños a ricos y pobres, en fin todos aquellos que creen tener derecho a pasar encima de los derechos de los demás. Estos señores pretenden que estas violaciones a la ley no sean castigadas pues serán causas en que deberá de aplicar en derecho paralelo llamado derecho indígena

Las cosas han empezado mal y con la premura que se pretenden aprobar, el fracaso es una muerte anunciada, como sucedió con la reforma fiscal que lejos de mejorar los ingresos los redujo, pero aquellos legisladores, entre los que alguno todavía permanecen en sus curules, ni siquiera la leyeron y mucho menos la discutieron. El mismo procedimiento vemos en estas reformas a la Constitución, si los diputados leyeran con detenimiento cada uno de los artículos a enmendarse, se darían cuenta, primero que muchos pueden ser implementados por medio de leyes ordinarias, pues pareciera que de la Carta Magna se quiere hacer un reglamento. Segundo, algunas de las reformas entran en conflicto con artículos que solamente podrían ser reformados por una Asamblea Nacional Constituyente, calidad que no posee el actual Congreso, que con algunas excepciones, adolece de juristas y profesionales calificados para analizar y redactar con propiedad normas de enorme importancia para el futuro del país.

Veamos algo del procedimiento, la comisión que conoció el proyecto de reformas ni siquiera dio un dictamen favorable, si no que fue un gallo gallina, donde se notó la presión para acelerar la aprobación y solo con eso el pleno no debería de haber entrado a conocer y menos aprobarlo en primera lectura.

Temas tan complejos como el Derecho de Antejuicio ni siquiera se discutieron en algunas mesas por el carácter técnico de la norma; sin embargo, se incluyó.

La creación de un Consejo Nacional de Justicia parece positiva pero no que se supedite a la Corte Suprema por medio de una rendición de cuentas, el tema es complejo y no veo en el Congreso actual la capacidad para emitir una norma que evite la politización del ente como sucede con las comisiones de postulación.

De nuevo la mayoría de la población está en total desconocimiento de lo propuesto y no sabe como saldrá afectada, todo por correr en vez de razonar unas reformas a raja tablas.

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