Guatemala, con 16 millones de habitantes, representa en torno al 2.6% del total de la población de América Latina, que en 2015 rondaba 610 millones de personas. Sin embargo, los guatemaltecos en una situación de pobreza, que son alrededor de 9 millones de personas, representan en torno al 5.4% del total de pobres de América Latina, que según la CEPAL sumaban alrededor de 168 millones en 2014. Hay una proporción mucho mayor de pobres en Guatemala que en el resto de América Latina. Es el resultado de la estrategia de desarrollo de largo plazo impulsada en Guatemala en la década de 1990. Otros resultados de esta estrategia: la altísima tasa de desnutrición y pésimos indicadores de salud, educación y seguridad, con parsimoniosos avances que se estancan o interrumpen.

Es una estrategia que se basó en un Estado mínimo, ineficaz y capturado por poderosos intereses privados, con una cuota creciente de mafias. Se concentró en garantizar la estabilidad macroeconómica y en lograr un crecimiento económico sin preocuparse acerca de cómo se distribuían sus frutos.

¿Cómo podemos cambiar esa estrategia? Un punto de partida es crear un Estado con la capacidad de actuar, no capturado por intereses privados y amarrado por todo tipo de candados, sino con posibilidades de realmente orientar sus políticas para privilegiar a la mayoría de guatemaltecos que se encuentran en una situación de pobreza, y especialmente a aquellos en una situación de pobreza extrema, o con hambre. No se trata solo del poder ejecutivo; también son fundamentales el Congreso y el poder judicial. Afortunadamente hemos podido presenciar avances en el poder judicial. Le han puesto límites a los intereses privados mafiosos que pretendían utilizar el Estado en su propio beneficio, y son un aviso para evitar cualquier abuso del Estado en contra de los ciudadanos. Estos avances también pueden ser la base para crear un poder judicial realmente imparcial, que impida que otros intereses privados, no necesariamente corruptos pero muy poderosos, capturen al Estado por la vía de leyes que se aplican como les conviene. Por otra parte, la renovación del Congreso, como sabemos, aún está lejana, y en el poder ejecutivo el panorama no es muy alentador.

Un informe reciente del Banco de Desarrollo de América Latina, titulado Un Estado más efectivo, plantea cuatro orientaciones para aumentar la efectividad del Estado. Primero, cabría asegurar la calidad de la burocracia, vinculando salarios con competencias y esfuerzo, tema pendiente y difícil de lograr en Guatemala. Segundo, hay que mejorar la eficiencia de las compras del Estado, combinando el fortaleciendo del monitoreo, la competencia y la transparencia con cierta agilidad, lo cual por deficiencias técnicas no se logró con las últimas revisiones de la ley de contrataciones. Tercero, conviene fomentar la participación ciudadana para asegurar la rendición de cuentas, aprovechando las redes sociales, un ámbito donde sí ha habido avances, estimulados en Guatemala por las manifestaciones del año pasado. Cuarto, debe asegurarse el aprendizaje basado en la evaluación de las políticas públicas para luego mejorarlas, proceso todavía ausente en el país.

Solo con un Estado efectivo podremos avanzar con la implementación de políticas que favorezcan una gran reducción de la pobreza, como se ha hecho en otros países. De lo contrario nos quedaremos en la teoría, y continuaremos cosechando los costos de un Estado débil, ineficaz y capturado, herencia de la estrategia de desarrollo impulsada en la década de 1990.

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