La corrupción sigue rindiendo triste testimonio de sus enormes alcances, de su capacidad de penetrar no solo estructuras sociales, sino instituciones consagradas a desempeñar un papel fundamental en la conservación y defensa de bienes nacionales, como es el caso del Ejército, que una vez más, por medio de algunos de sus integrantes, aparece vinculado en hechos ilícitos.

Ayer fueron capturadas unas 24 personas, en un nuevo caso de persecución criminal encabezado por el Ministerio Público, y entre ellos aparecen seis militares, integrantes del Comando Naval del Caribe, sindicados de contrabandear cigarrillos procedentes de Belice a través de las costas caribeñas guatemaltecas.

Aunque se trata de un millonario negocio al margen de la ley, debe aclararse que es apenas un ilícito que se circunscribe a un producto y que para el tránsito ilegal de esta mercancía se hacía uso del conocimiento y las posiciones que ocupan los militares, principalmente con la responsabilidad de evitar el tránsito de mercadería ilegal en la costa atlántica.

No solo los responsables de la seguridad territorial y marítima nacional eran los cómplices de esas fechorías, sino además existía un enorme recorrido en el cual seguramente también hubo reparto de coimas, pues luego de atravesar el Atlántico la mercancía quedaba bajo resguardo en Izabal y Chiquimula, hasta llegar a los mercados de El Salvador y Honduras, sin que autoridad alguna tomara nota de semejante operación.

Lo singular de este caso es que, tratándose de un solo delito y aparentemente una sola estructura dedicada exclusivamente al contrabando de cigarrillos, es mucho el dinero que se movilizaba, pues según cálculos de la Fiscalía de Delitos Económicos, la defraudación al fisco podría rebasar 51 millones de quetzales, lo que permite deducir el millonario negocio para los contrabandistas y los cabecillas de esas mafias.

Si con un solo producto de contrabando se puede hablar de centenares de millones de quetzales de ingresos ilícitos, tiene que despertar mayor preocupación el negocio millonario que gira en torno al contrabando de otros artículos procedentes de China a través de puertos cercanos, precisamente en naciones débiles, con una estructura estatal deficiente, incapaz de combatir al crimen.

Solo de productos mexicanos florece una economía al margen de la ley que ha puesto incluso en riesgo a algunos negocios formales, y en un área en la que existe suficiente evidencia, fotográfica y videograbada, en la que se observa cómo el ingenio malhechor ha llegado a niveles intolerables, como ocurre en los márgenes del río Suchiate, donde bulle una infraestructura criminal, ante la indolencia del Estado.

No solo los empresarios han presentado abundantes denuncias, sino las mismas autoridades lo saben y lo que menos se debe aceptar es que exista tanta incapacidad o exceso de tolerancia hacia la ilegalidad, que no solo pone en riesgo la salud de los consumidores, sino también causa un enorme daño a las empresas formalmente establecidas, así como a la recaudación fiscal, y peor aún en casos como el de hoy, donde los recursos públicos son puestos al servicio de las mafias.