Si bien el debate nacional se ha centrado en los últimos meses en torno al combate de la corrupción, la impunidad y los persistentes esfuerzos de una clase política desfasada, existen otros problemas que refuerzan la precariedad de entidades, autoridades y personas, de lo cual también se conoce con inusual frecuencia en los medios de comunicación.

El pasado miércoles se informó de manera profusa sobre la captura de más de 15 personas, entre ellas 10 efectivos de la Policía Nacional Civil, un exagente y cinco particulares, supuestamente vinculados con una banda que montaba cateos ilegales para robar en viviendas.

Ese es apenas un escabroso detalle de lo que puede ocurrir a lo interno de uno de los más importantes aparatos de seguridad del Estado, aunque no es el único, pues también se ha denunciado sobre la ilegalidad que muchos otros policías cometen al instalar de manera anormal sus propios retenes, los cuales no cumplen los requisitos legales establecidos en su propio reglamento.

Hay casos en los que incluso dos agentes a bordo de motocicletas pueden establecer su propio puesto de registro de vehículos, lo cual no solo es ilegal, porque incumple con los estándares internos, sino se presta a actos de corrupción, como frecuentemente ocurre, porque también muchos automovilistas se conducen en circunstancias irregulares, al no portar licencia o está vencida, o no portar la documentación respectiva y lógicamente en orden, lo cual se resuelve de la manera menos adecuada.

Muchos de esos retenes deberían ser eliminados de tajo porque su implementación siempre ha servido para cometer actos de corrupción y de poco control para efectos de combate de la criminalidad, además de asustar a los visitantes extranjeros, pero lo más grave es que en muchos de ellos incluso los agentes portan cuadernos para registrar a todos los conductores que paran en los puestos de inspección, lo cual a la luz de nuevas denuncias sobre espionaje se vuelve un tema delicado y causa mala percepción.

Por si fuera poco, en los últimos días se ha conocido de la proliferación de grupos armados, supuestamente de protección ciudadana, cuya legalidad reta el sentido común, al extremo de que sus tropelías han llegado demasiado lejos, como acaba de ocurrir en un ataque con arma de fuego contra un diplomático estadounidense, el cual pudo haber sido más lamentable.

La Policía Nacional Civil todavía debe hacer enormes esfuerzos por ganarse la confianza ciudadana, pues en las distintas evaluaciones de percepción se ubica en las últimas posiciones, solo por encima de los políticos y el Congreso, y eso debe ser un aliciente para buscar un cambio de imagen, empezando por la conducta de los agentes ante la población y, sobre todo, aparecer menos involucrados en actos al margen de la ley.

Es un esfuerzo que debe hacerse a fondo, porque ahora, con las constantes destituciones y promociones que no cumplen con lo reglamentado, se acrecienta la preocupación de la ciudadanía sobre esos relevos, al no recibir con claridad la información o la intencionalidad de los cambios.