El telón ha caído y los actores de la escena política de Guatemala se han quitado las caretas. La ciudadanía ya no es un simple expectador, sino que vive la realidad que más bien parece una pesadilla de la que no termina de despertar.

Cuando los guatemaltecos pensábamos que se comenzaba a dar vuelta a la página y nos aprestábamos a comenzar a escribir una nueva historia política del país, irrumpen viejos actores y libretos del pasado que se niegan a perder sus privilegios. Se corre el riesgo de volver sobre los pequeños pasos que se han dado en la titánica obra de combatir la corrupción y la impunidad.

Se dice con frecuencia que un pueblo tiene el gobierno que elige o que la clase política es reflejo de la sociedad. Yo más bien creo que todo es resultado de la perversión del sistema político, la debilidad de la legislación en materia electoral y de la cooptación de la democracia por los poderes fácticos que siempre han tenido de rodillas al país.

En las últimas elecciones generales de 2015, Guatemala quiso despertar del letargo político tradicional, pero con las mismas reglas de juego, el resultado era de esperarse, aunque inimaginable en su dimensión, para entonces. Es decir, una ciudadanía dispuesta al cambio, pero sin opciones.

Jimmy Morales llegó a la presidencia contra todo pronóstico y contra la tendencia electoral histórica, en un contexto en el que la ciudadanía demandaba cambios, empujada en alguna medida por la mediatización de los procesos penales por casos de corrupción en el gobierno anterior.

Conocido por sus papeles cómicos y frente a la falta de opciones desde un principio, la ciudadanía optó por depositar un voto de confianza a Morales. Quizá ni siquiera se esperaban cambios rotundos ni una renovación de la política y del ejercicio público; quizá solo era un intento de respiro y de transición a nuevas reglas del juego, lo cierto es que hoy esa confianza ha sido traicionada.

Es escandaloso cómo hoy vemos la recomposición de los poderes de la corrupción y de la impunidad, pero aún más, el descaro con que sus actores y operadores han salido en defensa de la cooptación del sistema, sin máscaras, alrededor del presidente, en el llamado #PactoDeCorruptos.

Hoy la comedia ya no causa gracia, sino indignación. La aparente ingenuidad resultó una continuidad de lo tradicional. La recomposición de los poderes políticos y económicos suponen un dominio de intereses personales o sectoriales perversos sobre el interés común y de país.

Las últimas decisiones desde el Ejecutivo y el Legislativo dejan al descubierto la consolidación de esos pactos. Los recientes cambios en ministerios de Estado no son producto de casualidad. La remoción del titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, influenciada desde el Ejecutivo, tampoco responde al pobre argumento del Directorio. Tampoco podemos olvidar las decisiones fallidas contra la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala.

La recién electa junta directiva del Congreso también resultó de un cuestionado proceso de negociaciones poco transparentes. El intento desde este organismo y desde el Ejecutivo de socavar instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos o del Ministerio Público no son cosas del azar, sino el resultado de un entramado de poderes.

Desde el Organismo Judicial tampoco se puede desentender el poco avance de la aplicación de la justicia.

Es indignante ver cómo se traiciona el voto de confianza de miles de guatemaltecos y se tira todo por la borda. Está, nuevamente, en cada uno de nosotros evitar caer al abismo del que tanto nos cuesta salir. Reaccionenemos—accionemos.

MarcosAntil.com