Para entender el actual trasfondo político del país, es indispensable tener claros los motivos de los protagonistas de una tormenta cuyo fin es, desde hace semanas, involucrar a los medios periodísticos cuyo desempeño ante la lucha contra la corrupción les ha ganado enemigos poderosos entre quienes están bajo investigación y proceso. Sus razones, desde su particular posición, por lógica y de acuerdo a sus intereses, talvez podrían ser justificables. Lógicamente nadie quiere sentirse acusado, pero en especial en un momento político tan complicado como este, desatado desde cuando la Cicig y el MP comenzaron a descubrir un casi interminable entramado de corrupción en el cual existen evidencias y suposiciones, dirimibles solo en los tribunales.

Los acusados quisieran contar con el apoyo para su causa de factores de influencia y poder sólidos, para tratar de encontrar un mecanismo útil para capear el vendaval provocado por los señalamientos de los entes investigadores. Dentro de ese maremágnum, Prensa Libre y Guatevisión han sido los últimos mencionados por Juan Carlos Monzón, ex secretario privado y operador político de la encarcelada exvicepresidenta Roxana Baldetti. Tras declarar durante 17 días ante el juez Miguel Angel Gálvez sobre los hechos de corrupción cometidos durante el gobierno patriotista, el “colaborador eficaz” dijo que cuando necesitaban arreglar algunas cosas en los medios —su expresión para dar a entender su capacidad de influencia en contenidos o criterios— recurría a personas vinculadas con los mandos ejecutivos de estos dos medios informativos.

Si él acudía a terceras personas para justificar ante su jefa el desvío de fondos para supuestamente controlarlos, será un tema de decisión del juez. La evidencia objetiva nos hace estar seguros: institucionalmente no hubo orden alguna para apañar hechos o desfigurar la realidad del país. Los medios mencionados nunca calificaron de ser verdad o ser mentira lo expresado por Monzón, porque su papel es informativo. Opina en las columnas y editoriales. Esta correcta y profesional actitud siempre será sujeto de ataque por quienes quisieran una prensa sumisa o deliberadamente subjetiva. Es la tumba de quienes pretenden hacer periodismo pero falsean descaradamente la realidad, porque ponen en juego su principal activo: la credibilidad. Y esta es difícil de construir pero muy fácil de derrumbar.

Cuando un medio escrito, radial o de televisión distorsiona la realidad, su público se da cuenta porque tiene siempre la posibilidad de comparar lo dicho por otros medios de comunicación y ahora las redes sociales, no siempre confiables. Ni todos tienen la verdad absoluta, ni ninguno está exento de cometer errores en el diario procesar de la información. Estas reflexiones vienen a cuenta por las críticas surgidas luego de las declaraciones de Monzón. Es una oportunidad que muchos enemigos de la prensa independiente no están desaprovechando. Los periodistas nada podemos hacer como comunicadores para que las culpas de los acusados sean perdonadas o aumentadas. Por eso nos limitamos a reproducir lo expresado o consignado por las fuentes noticiosas.

Estas mentiras de los ofensores caen en el derecho humano de opinión. Cualquiera puede hacerlo, un genio o un estúpido; un bienintencionado o no; alguien de 18 años o de 100. Las opiniones son rechazables, pero no aclarables por ser subjetivas, individuales. Pueden permanecer años o cambiar todos los días; pueden incluir falacias, además ser absurdas: “si alguien mintió en una respuesta, mintió en la totalidad de preguntas y todo lo legal debe venirse abajo”. Es decir: un carro es de hule porque sus llantas lo son. Este tipo de afirmaciones demuestran la desesperación de gente cuyo trabajo profesional se derrumba cada vez más rápido. El colmo de la estupidez es afirmar el presunto ocultamiento de esas declaraciones. En cierto sentido ayuda: es facilísimo demostrar la mentira. Pero esta también puede ser parte de las opiniones.