La figura del fideicomiso creado con fondos públicos es un tema acerca del cual he escrito algunos comentarios, basados en criterios lógicos derivados del análisis desde la perspectiva de buscar triquiñuelas para evadir la acción de las entidades estatales revisoras de los fondos provenientes del presupuesto nacional. Evidentemente, si se realizan permitiendo este control, pueden ser algo distinto. Pero en Guatemala ello nunca ocurrirá, y llama la atención la suma de dinero manejado en forma arbitraria por este procedimiento cuya ilegalidad es explicada en un trabajo del licenciado Arturo Martínez G., enviado electrónicamente y cuyo contenido considero de interés para el conocimiento de los lectores, por lo cual le dedicaré dos entregas.
En resumen, el fideicomiso es una figura para particulares, no para el Estado; es un acto de liberalidad constituido con fondos privados del fideicomitente, es decir la persona dueña del bien. El fiduciario, por no ser cuentadante —carecer de la obligación de dar cuentas al Estado— no puede administrar fondos públicos, porque estos deben ser fiscalizados a través de la Contraloría General de Cuentas, por orden constitucional. Por ello el fideicomiso con fondos públicos es inviable, al no pertenecer al derecho público y perseguir fines privados. Por eso deben abolirse de inmediato, no regularse, porque se escamotea la fiscalización de los dineros públicos, y además constituyen una forma de impunidad y falta de transparencia en el manejo del erario.

Más criterios obvios: los fideicomisos con fondos públicos, por las razones apuntadas, no nacieron a la vida pública y por ello los dineros allí colocados deben ser sobre las cuentas del Estado, aunque las consecuencias jurídicas son para quienes los constituyeron y ejecutaron. Por aparte, la Contraloría General de Cuentas, aunque no tiene límite para investigar el manejo del dinero público, expresa no tener acceso a los bancos, instituciones privadas, y estos no pueden revelar el derecho bancario. Ello limita el acceso a la información y al control del dinero manejado de esta forma. El análisis comentado hoy expone que existe un total de 25 mil millones de quetzales en fideicomisos, lo cual implica la posibilidad teórica de gastar semejante cantidad de dinero por un millón de quetzales diarios a lo largo de 68 años. Esto fomenta indirectamente la evasión de impuestos y la promueve.

La andanada de razones expresadas por el licenciado Martínez se complementa con criterios como “ni siquiera mediante una ley puede ser factible dicha constitución de fideicomisos, porque sus fines ya están señalados en la Constitución y porque son contrarios a los deberes de la administración pública en general, incluyendo las municipalidades, que no son islas del poder público”. Los fideicomisos con fondos públicos afectan a la democracia, una de cuyas exigencias principales es la actuación de valores encaminados a un bien común, de manera transparente y evidente para todos los ciudadanos, o solo a quienes tributan. Son inaceptables las acciones estatales hechas a escondidas, porque entonces se trata de un Estado arbitrario.

Para ahondar en el tema, los fideicomisos con fondos públicos sin controles se realizan en los regímenes no democráticos, totalitarios, por mando del dictador, sin rendir cuentas a nadie porque privan designios opacos. Son inaceptables porque se hacen sin conocimiento de nadie, ni siquiera de los encargados del control de los fondos públicos. No debe ser secreto cómo funcionan, cómo se controlan, cuánto dinero se destina para constituirlos y quiénes son los beneficiarios. El secretismo comprueba la ilegalidad y el fideicomitente debe tener clara esta situación. Hasta aquí llegan las consideraciones eminentemente teóricas de este asunto. En el próximo artículo trataré de aplicarlas a la realidad guatemalteca.