Estamos inmersos en una gran batalla; no sé si la más grande de todas las que ha habido, y de las que seguramente habrá todavía en esta lucha contra la corrupción. Lo que ya sabemos es que será paradigmática: que el Ministerio Público y la Cicig acusen formalmente al alcalde Álvaro Arzú por al menos un acto corrupto es tocar finalmente a la rancia ralea que ha modelado Guatemala durante siglos a su sabor y antojo, convirtiéndola en una sociedad profundamente desigual, excluyente, racista e individualista, con escasos mecanismos legales para la movilidad social. Un país que genera enormes riquezas para un grupito de privilegiados, mientras la mayoría pasa hambre e inclemencias.

A la histórica alianza entre militares, empresarios e iglesia —tomando en la actualidad preponderancia la evangélica neopentecostal— se sumó una amplia gama de narco-clepto-aliados y una legión de serviles operadores distribuidos en todos los órganos del Estado que impiden a toda costa que cambien las cosas. El Congreso ha tomado el lugar protagónico, desvinculándose ya totalmente de su rol formal de representación de la ciudadanía, convirtiendo el recinto en un parapeto para sus fechorías y la preservación de la impunidad para su casta.

Lo único que ha sido capaz de hacer mella a este Pacto de Corruptos que reúne a políticos, empresarios, iglesias, militares, funcionarios públicos, sindicatos, medios de comunicación y otros entes y sujetos cuya función es modelar el pensamiento de la gente, ha sido la labor impulsada por el Ministerio Público y la Cicig durante los últimos años. Gracias a ellos, finalmente quedó expuesto ante la ciudadanía que luchar contra la corrupción e impunidad llevó más pronto que tarde hasta la mera mata de gente y familias “bien” de este país. No es en balde el acérrimo odio que le demuestran a Thelma Aldana —Fiscal General de la Nación— y al comisionado Velásquez, de la Cicig. Por ello están saliendo al foro los más aguerridos defensores del statu quo a construir una narrativa anti-MP y anti-Cicig, la cual en realidad lo que persigue es traerse por delante la lucha contra la corrupción y con ello proteger a sus amos. Intenta sembrar en el imaginario de la gente toda clase de ideas adversas al actuar de Aldana y Velásquez, y desvían la atención de los hechos: tenemos un presidente sumamente incompetente que se ha prestado a prácticas oscuras y a esta estrategia perversa; un congreso lleno de delincuentes, y cortes de Justicia que operan al mejor postor.

Si bien es inevitable enmarcar esta lucha contra la corrupción en el marco de intereses geopolíticos mucho más amplios, no se trata solo de eso, aunque sus detractores así lo quieran mostrar para exacerbar desinformados ánimos nacionalistas y hasta xenofóbicos en la gente. Liberar al Estado de las garras de esta élite clepto-narcocrática es el asunto ciudadano más importante que podemos tener.

Los argumentos sobre defensa de la soberanía —que nunca hemos tenido— y de “recuperar el país” que ahora esgrimen con vehemencia; y “que hay otras cosas de qué ocuparse más allá de la corrupción”, solo favorecen a esta clepto-plutocracia que se resiste y guerrea. Ante el presente contraataque organizado desde estas instancias mafiosas y los defensores del statu quo, que ha llegado al culmen de buscar por todas las maneras posibles expulsar al Comisionado, para así debilitar a la Cicig y redireccionar su quehacer. Además de unirnos, organizarnos y movilizarnos, debemos estar atentos a procesar críticamente toda la información que nos tiran. Cada vez son más agresivos, pues tienen mucho que perder.

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