La Corte de Constitucionalidad, en una significativa sentencia de fecha 8 de septiembre de 2015, declaró inconstitucional el salario mínimo mensual de Q1 mil 500 para las y los empleados de las empresas de manufactura ligera de exportación que se hubieran establecido en los municipios de Masagua, Escuintla; Estanzuela, Zacapa; y San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso.

La Corte reafirmó lo que los relatores de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y sobre pobreza extrema y derechos humanos habían manifestado en relación a que un salario de Q1 mil 500 en Guatemala no cumple con la obligación de brindar una remuneración digna, misma que debe permitir a toda persona adquirir los productos necesarios para una alimentación de calidad y culturalmente pertinente, vestido, vivienda, educación y salud adecuados, e incluso recreación, entre otros derechos humanos básicos.

En Guatemala, donde los servicios públicos no están garantizados bajo condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y no discriminación, ¿es posible para una persona o una familia alcanzar un nivel de vida digno con Q1,500 mensuales?

La realidad cae por su propio peso. La canasta básica vital, que es fijada por la Corte de Constitucionalidad como el mínimo vital para una familia, tiene hoy, según el INE, un valor de alrededor de Q6 mil 242, mientras que una persona empleada, por ejemplo, en una maquila tiene derecho a un salario mínimo de Q2 mil 450.95, lo que equivale a un 61% más de los Q1 mil 500 propuestos para los cuatro municipios.

A esto, además, debe añadirse “una situación grave de impunidad prácticamente absoluta”, como lo afirmó textualmente en 2011 la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. Lo anterior continúa refrendado en las quejas internacionales contra Guatemala ne la OIT y el Tratado de Libre Comercio Cafta-DR, en donde el tema de incumplimiento del pago de salarios mínimos o el condicionamiento de estos a metas de productividad inhumanas está presente. Datos del INE revelan que casi 2.5 millones de asalariados no están afiliados al Seguro Social, y el promedio nacional de ingresos laborales se sitúa por debajo de las tasas salariales vigentes, particularmente en la agricultura, con Q1 mil 154 al mes.

¿Y es que de verdad no existen otros medios para estimular las inversiones productivas y fomentar el empleo que no sean salarios ínfimos? Guatemala ocupa la última posición en cuanto a la incidencia negativa del crimen organizado sobre la competitividad, la posición 128 en relación al mal uso de recursos públicos, y una puntuación similar en cuanto a calidad de la educación primaria y secundaria. ¿No serán estos los obstáculos a la competitividad del sistema productivo guatemalteco, más que los ya bajos salarios?

Guatemala vive un momento histórico y propicio para orientar el rumbo de las políticas económicas y sociales que, desde una perspectiva de derechos humanos, eliminen los altos índices de pobreza. Los salarios ínfimos y el incumplimiento de derechos laborales distan mucho de ser la respuesta.

*Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH).